Viviana de Sans y Pepa Marí, ayer, en rueda de prensa en la sede del Consell. J. A. RIERA

E. RODRÍGUEZ | IBIZA ­El Consell de Ibiza abordará de manera «absolutamente urgente» la revisión del Plan Territorial Insular (PTI) para evitar la especulación en suelo rústico. Tras la reunión del Consell Executiu, la consellera insular de Territorio y Movilidad y coportavoz de la institución, Pepa Marí, renegó de los informes favorables emitidos por la institución (Ciotupha) para la construcción de 15 viviendas en suelo rústico, algunas de ellas de «dimensiones considerables». «Responden más a la especulación que al uso normal de este tipo de terreno, que es el de que pueda vivir la gente que ahí trabaja», dijo.

Una de las autorizaciones dadas se encuentra en zona ANEI, sobre la que pesa la moratoria del Govern, pero el Consell, según explicó la consellera, se ha visto obligado a autorizar la concesión de la licencia porque la tramitación del proyecto, que es anterior, tiene «un largo recorrido». Del mismo modo, la Ciotupha ha informado a favor de la construcción de viviendas en suelo rústico forestal porque así lo permite la ley y el PTI. «No es el tipo de acuerdos que nos gusta adoptar», resaltó. Por ello, subrayó Marí, es «urgente» abordar su revisión.

La vicepresidenta primera y coportavoz, Viviana de Sans, coincidió con Marí en «la imperiosa necesidad» de modificar el PTI, que, recordó, recoge «el modelo territorial del PP». Recalcó que su gobierno se ve «obligado» a dar, en contra de su criterio, el visto bueno a la construcción de viviendas en suelo rústico porque «se adaptan a la ley». «Tenemos la imperiosa necesidad de abordar un nuevo PTI cuanto antes», agregó.

Marí recordó que el Govern balear ha iniciado los trabajos para modificar la ley del suelo, con una metodología que la consellera calificó de «revolucionaria», ya que se prevé crear «grupos de trabajo» en cada isla. Dicha normativa marcará los cambios en el PTI, cuya tramitación se iniciará este año y se hará paralelamente a la reforma legislativa balear.

Hay que tener en cuenta que PSOE y Podemos-Guanyem ya han manifestado públicamente sus diferencias sobre la interpretación del pacto de gobierno que especifica el alcance de la reforma del PTI. Mientras Podemos-Guanyem defiende prácticamente «el crecimiento cero» en suelo rústico, el presidente, Vicent Torres, ya ha rechazado esta posibilidad.

Por otra parte, el Consell Executiu acordó ayer solicitar al Consell Consultiu que emita un informe para resolver el conflicto económico que la institución mantiene con la empresa adjudicataria de la reforma de la travesía de Jesús (Vías y Construcciones S.A.) por el coste de las obras que acomete Endesa y que asciende a 80.000 euros. Como la constructora presentó una oferta a la baja del 40% del presupuesto de la licitación, reclama al Consell, en contra de su criterio, que sufrague la diferencia. Pepa Marí explicó que este conflicto «no afecta a las obras», puesto que Endesa está haciendo las obras que le corresponden, «y las acabará», al margen de que se resuelva más tarde el conflicto, según Marí.

Sanciones en transporte
El Consell Executiu aprobó ayer la conclusión de tres expedientes de infracción de transportes tras el pago voluntario de la correspondiente sanción, con una rebaja del 30%. La cuantía asciende a entre 700 y 1.400 euros. También se acordó imponer otras dos sanciones de 1.000 euros por infracciones muy graves por transportar mercancías sin haber revisado el tacógrafo o con este aparato averiado. Por último, se impone una multa de 1.500 euros a la empresa de un vehículo de transporte discrecional de viajeros tras comprobar que se había producido una disminución del tiempo diario de descanso del conductor.

Prueba para portero de discoteca
Los miembros del Consell Executiu dieron el visto bueno a las bases de la convocatoria de este año de las pruebas de acreditación profesional para ejercer de portero de discoteca u otros locales. Este año la prueba evaluadora se avanza al 2 de marzo (la segunda será el 19 de septiembre), mientras que los exámenes se llevarán a cabo el 25 de abril y, en segunda convocatoria, el 24 de octubre.

Asimismo, la institución acordó iniciar el expediente de contratación de las obras para reconvertir el antiguo aparcamiento de la planta baja del Consell en las nuevas oficinas de atención al público, con un coste de 559.082 euros.