EUGENIO RODRÍGUEZ | IBIZA ­El equipo de gobierno del Consell se enzarzó ayer en el pleno en una disputa con el PP por la consulta del proyecto de desdoblamiento de la carretera de Santa Eulària, en el tramo de la salida de Vila hasta Can Clavos. La consellera del PP cuestionó qué «provecho» se va a obtener de este proceso si, como en principio mantienen PSOE y Podemos de puertas para fuera, no será vinculante. Fue durante el debate de una propuesta de Podemos-Guanyem para instar al Govern a que elabore en «la mayor brevedad posible una ley de consultas», que dé capacidad a los consells para llevar a cabo procesos de este tipo en cada isla.

El PP votó a favor de esta propuesta, pero rechazó, en cambio, un tercer punto en el que se especificaba que este tipo de consultas se harán sobre proyectos que se desarrollen en más de una legislatura o aquellos cuyo coste supere el 10% del presupuesto de la institución. El PP se negó a apoyar este punto porque supone una modificación del reglamento de Participación del Consell y el equipo de gobierno no le había consultado previamente.

La vicepresidenta primera, Viviana de Sans, de Podemos, rehusó confirmar que el proyecto no se cambiará aunque la mayoría manifieste su disconformidad. Es más, subrayó que «la palabra de la gente es sagrada» y que «hay que tenerla en cuenta», a lo que agregó de forma elocuente: «La ciudadanía decide y nosotros obedecemos».

La consellera del PP dijo que su grupo está de «acuerdo» en que se abra una consulta, siempre y cuando esta sea «productiva». «Pero no en un proyecto ya cerrado, que no va a variar, o esto es lo que creemos», apuntó Domínguez.

Domínguez también pidió una explicación sobre la necesidad de gastar 6.000 euros en la consulta y subrayó que, si el motivo es el acuerdo de gobierno suscrito entre PSOE y Podemos, ambos también pactaron que «no gastarían más en cargos públicos» y, en cambio, «cada día son más».

Autovías y corrupción
La reacción de De Sans fue dura y, aparte de destacar que el PP es partidario del «ordeno y mando», recordó «las expropiaciones ilegales de las autovías y la ocupación ilegal y violenta de las fincas con los antidisturbios». «Para ustedes las carreteras son sinónimo de opacidad... Nosotros no renunciamos a escuchar a la gente. A escuchar y actuar en consecuencia», resaltó, dando con ello más pistas sobre la intención de que en realidad la consulta será vinculante.

Todavía fue más allá la vicepresidenta al abrir el melón de los casos de corrupción que afectan al PP. «Sus insultos nos dan igual. Lo que es un insulto es la detención de 24 cargos del PP de Valencia. ¿De verdad no les da vergüenza?», cuestionó. En su encendida intervención, la secretaria general de Podemos recordó que «Rajoy [el presidente del Gobierno en funciones] cogió un martillo y destruyó los ordenadores para destruir las pruebas» del caso Bárcenas.

Domínguez respondió que la corrupción es «muy lamentable y recriminable» y recordó que hay «en todos los partidos», recordando que «en la tele» también se habla de «una supuesta financiación de Irán [a Podemos]».

Sobre las expropiaciones de las autovías, la consellera del PP se limitó a apuntar que «10 años atrás las cosas pasaron como pasaron». Asimismo, señaló que el PP ha ejecutado la carretera de Sant Joan sin ningún problema en las expropiaciones.

La vicepresidenta segunda, Marta Díaz, del PSOE, justificó que pese a que su grupo es «favorable» al proyecto previsto, esta posición «no es incompatible con que la gente pueda opinar». De hecho, dijo, en contra del criterio del PP, que «no es inútil» esta consulta.

Desacuerdo con el Urbanismo
Por otro lado, el equipo de gobierno tumbó la propuesta del PP, que sí prosperó el jueves en el pleno de Sant Antoni con el apoyo del PI (Reinicia se abstuvo), de instar al Parlament a que tramite el nuevo decreto urbanístico (la moratoria) como proyecto de ley y que se consensúe con los colegios profesionales y colectivos implicados.

El conseller de Medio Ambiente, Miguel Vericad, de Podemos, también criticó con dureza al PP y señaló que el hecho de que ahora pida consenso es como oír a su madre «hablando swahili». Insistió en que el decreto era necesario, incluso para su gusto «llega tarde», para poner freno a «la política de barra libre» en suelo rústico del PP, al que calificó como «caballo de Atila» por «arrasar el territorio».

La consellera de Territorio, Pepa Marí, del PSOE, rechazó la posibilidad de que el decreto se tramite como proyecto de ley, ya que lo más importante, según su criterio, es que «comience cuanto antes» la modificación de las tres leyes (la del suelo, la agraria y la turística) afectadas por el decreto. Hay un plazo de dos años, el periodo de vigencia de la moratoria.

En su réplica, el conseller del PP Mariano Juan expresó su «sorpresa» por el hecho de que Podemos, que hace bandera de la transparencia y el consenso, dijo, no apoyara su propuesta. «No sé de qué tienen miedo, puesto que cuentan con mayoría parlamentaria». Asimismo, el portavoz del grupo popular, Vicent Serra, echó en cara a los partidos de la izquierda que siempre saquen a relucir a «Bauzá o las autovías para no hablar con el PP», al tiempo que recordó que él, como presidente, abrió un diálogo con el PSOE y sus socios políticos para intentar un pacto por el territorio. La socialista Marí recordó que ella participó de ello y que fue «un paripé».

En su último turno, Vericad rebajó el tono y tendió la mano al PP para buscar acuerdos en torno a la reforma de la normativa territorial para que tenga «continuidad». «Hay espacio para el debate. Se tendrán en cuenta sus aportaciones si defienden el interés general».

Poder de decisión sobre canteras
El pleno aprobó por unanimidad una iniciativa del PSOE para instar al Govern a que lleve a cabo «los cambios legales necesarios para que los consells insulares tengan participación respecto las actividades industriales que se localizan en las canteras». Con ello, el PSOE pretende evitar que se repita lo sucedido con las plantas de asfalto y hormigón de ses Planes, cuya instalación se ha aprobado pese a la oposición del Consell.