EUGENIO RODRÍGUEZ | IBIZA En una especie de viaje en el tiempo, el Govern balear recupera de nuevo la protección de Benirràs, Punta Pedrera, en Sant Josep, y parte de la urbanización de Roca Llisa, en Santa Eulària, aprobada por el anterior gobierno autónomo progresista a finales de 2007. Esta es la novedad del decreto de medidas urgentes en materia urbanística aprobado ayer en un Consell de Govern extraordinario que, además, tal como ya se había publicado, fulmina la amnistía del PP sobre las viviendas construidas ilegalmente en suelo rústico cuya infracción ya haya prescrito. También se prohíbe la construcción en las Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI) en las Pitiusas.

Protección otra vez de Benirràs, Punta Pedrera y Roca Llisa
El decreto deja en suspenso la urbanización de Benirràs, Punta Pedrera y parte de la urbanización de Roca Llisa hasta que se modifiquen las leyes territoriales de la Comunitat Autònoma con el 31 de diciembre de 2017 como plazo máximo. En concreto, la nueva norma urbanística especifica que a partir de ahora no se puede aplicar la disposición adicional sexta de la ley del suelo de Balears (la 2/2014) en la que el PP articuló el mecanismo para permitir la edificación en los tres parajes citados, «con la excusa», según el Govern, «de evitar el pago de indemnizaciones». Para ello, el PP estableció una serie de requisitos para que estos terrenos fueran considerados urbanos con independencia de su clasificación urbanística previa.

Ahora también se elimina la posibilidad de que estos suelos, que se podían clasificar directamente como urbanos, no computasen dentro del límite del 10% de crecimiento que tiene cada municipio.
El anterior Govern balear progresista aprobó a finales de 2007 el blindaje de estas zonas (incluido el proyecto ya descartado del campo de golf de Cala d´Hort), donde se proyectaban el desarrollo de diversas urbanizaciones, ampliando la superficie de las ANEI colindantes. La norma del PP aprobada para salvar este obstáculo preveía que los ayuntamientos podrían ordenar de nuevo estos espacios como suelo urbano o como asentamiento en el medio rural, si cumplían los nuevos requisitos marcados, mediante una modificación del planeamiento urbanístico o un plan especial.

Ninguno de los ayuntamientos afectados de la isla lo hizo. Sant Joan ya había aprobado inicialmente una modificación puntual de sus Normas Subsidiarias para permitir la construcción de 31 viviendas unifamiliares en Benirràs, pero el nuevo decreto urbanístico del Govern impide ahora que siga adelante con la tramitación.

En el caso de Roca Llisa, el edil de Urbanismo de Santa Eulària, Mariano Juan, asegura que los propietarios ya habían hecho «un trabajo importante» al presentar unos planos en los que se identifican las zonas de la urbanización que están consolidadas, pero el Ayuntamiento aún no había iniciado los trámites oportunos para su reconocimiento como suelo urbano.

Las zonas ANEI de las Pitiusas ya son inedificables
Para equiparar las condiciones de edificabilidad del suelo rústico de especial protección de las islas, el decreto prohíbe la construcción de viviendas en las Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI) en Ibiza y Formentera. La medida afecta a las solicitudes de licencia solicitadas tres meses antes de la entrada en vigor del decreto, que será el jueves, tras su publicación hoy en el BOIB.

Hasta ahora solo en estas islas del archipiélago balear se podían levantar casas en estos parajes a partir de una parcela mínima de 50.000 metros cuadrados en Ibiza y 30.000 en Formentera. En los últimos cuatro años, tras el final de la moratoria decretado por el anterior gobierno autónomo progresista en 2007, el Consell de Ibiza ha autorizado 35 viviendas en ANEI.

El concejal de Urbanismo de Santa Eulària, Mariano Juan, recuerda, no obstante, que hasta ahora «gran parte» de las ANEI, la zona que se encuentra dentro de la llamada zona 1, ya era inedificable.

El Consell decidirá si se pueden construir viviendas en ARIP
El decreto deja en manos de los consells la decisión sobre si las Áreas Rurales de Interés Paisajístico (ARIP), sobre las que actualmente se puede edificar una vivienda en una parcela de 30.000 metros cuadrados (en Ibiza), se mantienen como edificables o no. Además, el decreto establece que el grado de protección del suelo rústico previsto es mínimo y que los instrumentos de planeamiento y ordenación del territorio los pueden incrementar.

Final de la amnistía a la que se han acogido más de 500 casas
El Govern fulmina la amnistía aprobada por el PP, a través de la ley del suelo y a instancias del Consell de Ibiza, para legalizar las viviendas construidas sin permiso en suelo rústico y cuya infracción ha prescrito. La suspensión cautelar, hasta que se modifique la ley del suelo, no afectará a las solicitudes de legalización que han iniciado su tramitación.

Hasta el pasado 5 de junio, cuando se cumplió el primer año de aplicación de esta media extraordinaria, los ayuntamientos de la isla habían recibido medio millar de solicitudes para acogerse a ella. En el primer año, se tenía que pagar el 15% del coste del proyecto de la vivienda, cantidad que en el segundo año ascendía a un 20% y en el tercero y definitivo al 25%.

Hasta ahora, Sant Josep ha tramitado unas 200 solicitudes, mientras que Santa Eulària unas 160 (con unos ingresos previstos de 1,6 millones de euros). Los dos municipios, además del de Sant Joan, reconocen que en los últimos meses, ante el anuncio de la posible eliminación de la amnistía, se ha producido un incremento de solicitudes. En muchos casos, según apunta un portavoz de Santa Eulària, las personas o sociedades que piden la legalización de las construcciones no son los infractores sino sus herederos o compradores posteriores que no tenían conocimiento de la situación de irregularidad.

Eliminados los asentamientos rurales y límite a ampliaciones
Otra de las novedades del decreto es la eliminación de los asentamientos en medio rural, figura introducida por el PP en la ley del suelo para legalizar viviendas en suelo rústico que se encuentran fuera de ordenación y no cuentan con los servicios básicos. El PP de Sant Josep y Sant Antoni proyectaba utilizar esta figura para legalizar asentamientos dispersos y prever su posible crecimiento.

El decreto deja en suspenso la posibilidad de ampliar las viviendas por encima del porcentaje de ocupación previsto en la ley del suelo rústico (hasta un máximo de 450 metros cuadrados). De nuevo, la superficie máxima construible en rústico no puede superar el 4% en las Pitiusas. La edificación y el resto de elementos constructivos solo podrán ocupar el 5% de la parcela en Ibiza y Formentera.