ALBERTO FERRER | IBIZA El Ayuntamiento de Sant Antoni considera que la reciente moratoria urbanística aprobada por el Govern no les afecta en la tramitación de la revisión de sus Normas Subsidiarias (NN SS) y por ello el concejal de Urbanismo, Juanjo Ferrer, confía en poder llevar al pleno municipal «de febrero» el texto para una nueva exposición pública.

Ferrer recordó que la norma cautelar aprobada por el Ejecutivo balear hace unos días «exonera de su aplicación a aquellos ayuntamientos que ya habían iniciado una revisión de las normas», como es el caso de Sant Antoni. Por ello, la intención del equipo de gobierno es «continuar por el mismo camino iniciado en junio».

El concejal sí admitió que la inminencia de la aprobación de la moratoria balear les hizo «retrasar un poco la previsión» que tenían en el Ayuntamiento de completar la revisión del trabajo que les dejó adelantado el anterior gobierno municipal del PP. Conocido el contenido de la nueva ley, esperan que la propuesta del ordenamiento para Sant Antoni se pueda aprobar el próximo mes para iniciar la recogida de sugerencias.

Tras su estudio, se procederá a la aprobación provisional de las NN SS, que Ferrer espera realizar en este año. Entonces se remitirán al Consell Insular para que emita su aprobación definitiva al planeamiento. El concejal de urbanismo recordó que el proceso de redacción se está haciendo con el consenso de todos los partidos, «por eso los tiempos se dilatan; el consenso a veces no es sencillo y son normas complicadas».

Sin AMR en la costa
Las normas subsidiarias tienen uno de sus puntos más espinosos en los polémicos asentamientos en el medio rural (AMR), figura ideada por el Govern de Bauzá para legalizar urbanizaciones sin servicios surgidas sin licencia. El equipo municipal del PP en la anterior legislatura acordó crear 18 de estos AMR pero Ferrer se propone «eliminar o dejar muy reducidos» los que se planteaban en la costa, entre ellos los de Cala Gracioneta, Cap Negret y Punta Galera.

«Es posible que se mantengan», en cambio, «la mayor parte» de los programados por el PP en el interior del municipio, dijo Ferrer. El concejal consideró que «al fin y al cabo son situaciones de ordenación que habría que tratar de arreglar». Por ello la figura del AMR puede ser útil «si la acotamos y la limitamos bien, siempre y cuando no implique un crecimiento». Así, planteó que los AMR que se reconozcan finalmente sean «una foto fija de lo que hay». En estas condiciones, Ferrer cree que «se puede mantener» la figura.

La legalización de urbanizaciones surgidas de forma ilegal, tal como la concibió el Govern en la pasada legislatura, permitía que, para regularizarse como asentamientos en medio rural, acabaran teniendo el doble de superficie.

Otro punto polémico del ordenamiento que comenzó a elaborar el anterior equipo es que permitía urbanizar parte de sa Talaia –el entorno de la calle Sebastian Bach y en la primera línea del acceso a Cala Gració– para obtener una zona verde en esta zona. Ferrer asegura que en su propuesta «aumenta un poco más la zona verde, porque faltaban los accesos».

El concejal defendió que la recalificación «es la mejor manera de proteger» este paraje, ya que si se mantuviera como rústico «seguiría siendo de sus propietarios y como zona verde será suelo público».

Ferrer admitió que aún siguen trabajando en aspectos como el polígono industrial de ses Païsses. «Hemos hecho una propuesta que aún no ha tenido respuesta», explicó. Esta consiste «en una reducción bastante importante del suelo» . Como ya adelantó este periódico, las normas contemplan también algún aprovechamiento urbanístico en ses Variades.