Vista aérea de Ibiza, que con el nuevo planeamiento podría llegar a los 97.000 habitantes Xavier Duran

ALBERTO FERRER | IBIZA La concejala de urbanismo de Ibiza, Elena López, confía en poder llevar al pleno durante el mes de marzo el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Vila (PGOU), con más de un mes de margen sobre la fecha del 18 de abril, el día en que dejaría de estar en vigor la moratoria y se volvería a aplicar con todas sus consecuencias el PGOU de 1987.

El nuevo ordenamiento se adaptará a los últimos cambios legislativos, pero López adelanta que en sus especificaciones habrá «pocas novedades» sobre lo que se aprobó en 2009, con un techo de población de 97.000 frente a los 117.000 que permitía el Plan General actualmente en vigor.
«Quiero intentar aprobarlo antes de abril», explicó López. «Estamos cerrando el borrador y luego se consensuará con el Consell Insular», antes de darle curso de forma oficial con la aprobación inicial del documento.

Coordinación con el Consell
El trabajo coordinado con la máxima institución insular debe servir para agilizar el ajuste ´fino´ del documento. López explica que esta coordinación se ha buscado «en todos aquellos aspectos en los que había algún tipo de recomendación o prescripción, que se van incorporando» a la versión definitiva que se está ultimando.

Además de las indicaciones del Consell Insular, el documento debe atender las prescripciones de la Comisión Balear de Medio Ambiente (CBMA), instancia a la que corresponde emitir el Estudio Ambiental Estratégico. Este es precisamente el trámite que le faltaba al PGOU de 2009 (aunque, durante la tramitación, desde la CBMA se consideró que estaba exento) y por el que fue anulado por el Tribunal Supremo en una sentencia del año pasado.

La Comisión Balear de Medio Ambiente (CBMA) indicó en ese documento que el Ayuntamiento debe justificar cualquier nuevo incremento de su suelo urbano. Este organismo del Govern espera que el equipo de gobierno «asegure que la capacidad de población que se prevé en el planeamiento se puede asumir ambientalmente».

También insta a aportar documentación actualizada en cuanto a la suficiencia de sus redes y servicios de suministro, ya que considera que el problema del agua es «el más grave del municipio».
El nuevo ordenamiento de Vila va acompañado también de un informe económico en el que se aclararán cuestiones como si «hay dinero para expropiar, cuánto costaría en función del suelo», comenta López. Este detallará también, por ejemplo, cuánto podría costar una eventual indemnización a los propietarios de ses Feixes, porque estipulará cuánto valen esos terrenos.

El Ayuntamiento remitirá el nuevo PGOU a la comisión tras su aprobación inicial. Entonces, se abrirá un periodo de exposición pública en el que se recogerán alegaciones antes de la aprobación provisional y definitiva del documento.
En el periodo transitorio, se podrán autorizar la nuevas licencias de edificación que cumplan tanto los parámetros del PGOU de 1987 como los del que se quiere aprobar.