Pablo Valdés, de Reinicia, Josep Tur, del grupo del PSOE, y Juanjo Ferrer, del PI, ayer, en el pleno. J. A. RIERA

E. RODRÍGUEZ | SANT ANTONI El equipo de gobierno tripartito de Sant Antoni puso de manifiesto ayer en el pleno sus diferencias de criterio sobre la tramitación del nuevo decreto urbanístico (la moratoria) del Govern. Así, el PP logró aprobar una propuesta, con el apoyo de los tres concejales del PI y la abstención de los cuatro de Reinicia, para instar al Parlament balear a que tramite el decreto como un proyecto de ley al objeto de que los demás grupos de la Cámara balear puedan «intentar mejorar su contenido». También se acordó instar al Govern a consensuar el decreto con todos los colectivos implicados. Los seis ediles del PSOE votaron en contra de la propuesta. Los tres grupos del gobierno acordaron votar por separado por primera vez en esta legislatura al entender que se trataba de «un asunto que excede lo municipal».

Sin entrar en el contenido del decreto urbanístico, el segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Juanjo Ferrer, del PI, justificó el apoyo de su grupo a la moción del PP «en coherencia» con lo que defiende su propio partido en el Parlament. Recalcó que el consenso no debe quedar solo en la palabra, sino que se debe practicar «con hechos», y puso como ejemplo el trabajo que se está haciendo para pactar con la oposición el nuevo planeamiento urbanístico de Sant Antoni.

El primer teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente, Pablo Valdés, de Reinicia, reconoció que tenía «sentimientos encontrados en la forma de tramitación del decreto» y subrayó que en ningún caso su grupo se podía negar a votar a favor de del consenso». Dicho esto, Valdés indicó que «sorprende el cambio del PP» y resaltó que «no es lo mismo estar en la oposición que en el gobierno». «Cuando esta forma de proceder era habitual la pasada legislatura ningún concejal del PP se echaba las manos a la cabeza», dijo, y acto seguido puso el ejemplo del decreto que aprobó el Govern para mantener el TIL después de que el Tribunal Superior de Justicia lo anulase.

Precisamente, la tercera teniente de alcalde, Aída Alcaraz, del PSOE, señaló que «llama la atención» que ahora el PP pida consenso, cuando la pasada legislatura «se lo negó a la sociedad balear». Justificó que el decreto se ha aprobado con el apoyo de tres grupos de la cámara balear, lo cual es «bastante representativo», dijo.

Limitación horaria de la venta de alcohol en establecimientos. Por otro lado, el pleno aprobó por unanimidad una propuesta, impulsada por el PP y pactada con el equipo de gobierno tras introducir algunos cambios, por la que el Ayuntamiento se compromete a «continuar los trámites para prohibir mediante ordenanzas municipales la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales en un horario determinado» y a regular también el régimen de inspecciones y sanciones. Lo mismo se hará con «la venta ambulante no sedentaria».

Problema de los botellones. El PP preguntó al equipo de gobierno por las medidas que se piensan adoptar para atajar el problema de los «macrobotellones» que se organizan cada fin de semana en el núcleo urbano y que acaban en «peleas y comas etílicos». La concejala de Gobernación, Aída Alcaraz, destacó que no se trata de un problema nuevo y echó mano de la hemeroteca para recordar algunos de los artículos publicados en prensa en los últimos años sobre esta práctica entre los jóvenes. «El equipo de gobierno anterior no consiguió nada. Y yo lo estoy padeciendo por la dimensión del problema, que es histórico», resaltó, para acto seguido explicar que las medidas para ponerle remedio pasan por «colaborar con la Guardia Civil enevitar las concentraciones y, una vez controlado, hacer cumplir las ordenanzas y multar a los que beban en la vía pública».

A vueltas con la polémica de la directora técnica de seguridad. El pleno aprobó con el voto en contra del PP la ficha de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) concerniente al nuevo y polémico puesto de directora técnica de seguridad. La concejal del PP Lidia Prats recordó que esta contratación se hizo de forma «ilegal» y que así siguió hasta formalizarse el trámite de ayer. «Este debería haber sido el primero de todos», dijo Prats, que insistió en que este cargo, con un sueldo anual de casi 60.000 euros, es «muy caro e innecesario». También dijo que «usurpa» las competencias del jefe de la Policía Local.

La edil de Gobernación respondió que este cargo tiene la función de asesoramiento y que en ningún caso usurpa las competencias del jefe de la Policía, al tiempo que negó, en contra de lo «insinuado» por el PP, que su contratación vaya a forzar el recorte del salario de otros funcionarios. Alcaraz admitió que la aprobación de la ficha de la RPT debería haber sido previa a la contratación del nuevo cargo de confianza, pero citó diversos casos en los que el PP actuó igual anteriormente. Por ejemplo la ficha de inspector jefe de Policía, nombrado en 2010, no se aprobó hasta el pasado mes de noviembre.