Viviendas protegidas construidas en sa Penya. j. a. riera

J. LL. F. | IBIZA ­De las 3.055 viviendas que podrán construirse en total en Vila durante los próximos 15 años –9.165 habitantes– según el PGOU, un 30% deberán dedicarse a VPO, lo que supone un total de 1.393 pisos. Con las que construya el Ayuntamiento, alcanzarán las 1.509.

Sin embargo, esta cifra, pese a ser la mayor dedicada jamás en la historia de la ciudad a viviendas de protección oficial, queda aún lejos de las que se necesitarían de acuerdo a la demanda calculada por el Plan General.

En concreto, la Memoria Social del PGOU detecta unas necesidades de 2.370 viviendas protegidas nuevas para los próximos quince años. «Entre ellas habría que computar unas 750 para el escalafón menos favorecido de la escala social», añade la documentación.

De hecho, a las 1.393 VPO que deberán construir las promotoras privadas, se añadirán las que impulse directamente el Ayuntamiento de Ibiza en terrenos públicos, con lo que el total de Viviendas de Protección Oficial al finalizar la vigencia del Plan General debería ser de 1.509.

755 VPO de alquiler
«De este total, al menos un 50% deberán ser destinadas a alquiler, es decir, unas 755 viviendas», concreta la documentación del Plan.

El equipo de gobierno ha destacado que el objetivo de impulsar la construcción de Viviendas de Protección Oficial no es solo el de favorecer a los sectores más desfavorecidos, sino también al colectivo de funcionarios (profesores, médicos, policías y otros) que vienen a trabajar a Ibiza y tienen serias dificultades para encontrar un alojamiento en condiciones a precio razonable durante el verano.

El PGOU de Ibiza prevé que la mayoría de VPO que se construirán durante el primer cuatrienio de vigencia del Plan, dejando para el resto de los quince años previstos una parte minoritaria de las promociones previstas.

Inmediaciones de Ca n´Escandell, donde están previstas varias promociones de viviendas. vicent marí

JOAN LLUÍS FERRER | IBIZA La fuerte reducción efectuada por el Ayuntamiento de Ibiza en el techo de población de su nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) –77.000 habitantes incluyendo plazas residenciales y turísticas– no impedirá que se puedan construir 3.055 viviendas nuevas a lo largo y ancho del municipio, lo que equivale a 9.165 habitantes.

La documentación del nuevo PGOU demuestra que se prevén crecimientos residenciales en 17 terrenos concretos del municipio, así como nuevas instalaciones industriales en otros cinco. Los mayores crecimientos de viviendas se producirían en el sector 12 de Ca n´Escandell, donde además de la zona verde anuncida por el equipo de gobierno, se prevén también casi 900 viviendas: 532 en el sector Este y 354 en el Oeste. Entre ellas figurarían las que el Ayuntamiento quiere dedicar a VPO.

También se prevén crecimientos residenciales en primera línea de mar de Talamanca (45 viviendas) y en segunda línea de Platja d´en Bossa.

En terrenos de la avenida de Pere Matutes Noguera se construirían 241 nuevas casas y en la vecina unidad Mare Nostrum, otras 284. En sa Joveria (frente al hospital Can Misses), se permiten 221 viviendas.

A estas unidades de actuación en suelo urbano se añadirían 15 más en las que solo se mejoraría la ordenación actual o se completaría su urbanización.

Todas estas actuaciones, que figuran a partir del folio 21 de la Memoria de Gestión, redundarían en un aumento de la población actual de 9.165 personas en el plazo de vigencia del nuevo planeamiento, que será de 15 años.

Sin embargo, la misma documentación del nuevo PGOU que detalla estos crecimientos advierte también de la escasez de agua desalada que habrá para suministrar a este techo de población.

En concreto, la página 135 de la Evaluación Ambiental alerta del «déficit» de agua desalada –los acuíferos subterráneos ya se dan por inútiles– que habrá para el techo de población de 77.000 habitantes que prevé el PGOU. El consumo máximo durante el verano en el municipio es de 11.500 metros cúbicos al día. «El déficit de agua existente en el municipio de Ibiza, teniendo presente que la planta desaladora de Vila alberga una capacidad productiva de 9.000 metros cúbicos al día, es cifrado en la actualidad en 2.500 metros cúbicos en la documentación del plan», afirma el citado estudio.

Sin embargo, no sería tampoco suficiente la utilización simultánea de las desaladoras de Vila y de Sant Antoni en verano. «El aprovechamiento conjunto de las potabilizadoras de agua de Ibiza y Sant Antoni permite disponer en la actualidad de un capital conjunto de 19.500 metros cúbicos, cantidad que se revela insuficente para abarcar la población prevista, si tenemos en cuenta el horizonte demográfico señalado en el Plan General». Ello es así porque «a la población de Ibiza habría que añadir los consumos de la población de Sant Antoni y Cala de Bou, que suponen aproximadamente un consumo total de 8.500 metros cúbicos al día», añade la Evaluación Ambiental.

Incluso, se recuerda en este documento que ya la Comisión Insular de Urbanismo del Consell aprobó en 2011 una prescripción «donde se limitaba a 61.000 habitantes la población para la que estaba asegurado el suministro de agua potable». Una cifra, «por tanto, inferior al horizonte previsto por la revisión del Plan General y que hace necesaria la ampliación de la infraestructura que aumenten las potenciales demandas de consumo de agua».

Más adelante, el documento afirma que este «déficit de agua debe solventarse mediante ampliación y nuevas instalaciones de las plantas desaladoras, bien en Vila o bien en Sant Antoni, para garantizar las puntas del consumo turístico» que se produce en verano.

La interconexión de la planta de Vila «con las instalaciones existentes en la isla» –tal vez en referencia también a la de Santa Eulària– permitiría solucionar el problema, de modo que la ciudad tendría «asegurado su abastecimiento de agua» en los próximos 15 años.

Depuración de aguas fecales
En cuanto a la depuración de aguas residuales, las nuevas 3.055 viviendas se prevén en un momento en que no hay capacidad de tratamiento para las aguas fecales que generarán. Según la Evaluación Ambiental, «en el año 2010 ya se había llegado al 97,1% de la capacidad de depuración de la estación» actualmente existente, lo cual desmiente las afirmaciones hechas por la concejala de Urbanismo, Elena López, quien afirmó esta semana que la depuradora actual «aún tiene un margen».

La nueva planta que se construirá en sa Coma, y que ya está adjudicada pero cuyas obras carecen de fecha de inicio, «resolverá los problemas derivados de la falta de capacidad en la temporada estival», afirma la Evaluación Ambiental. La nueva depuradora podrá dar servicio a una población de 80.000 habitantes en temporada baja (Vila tiene ahora casi 50.000) y 140.000 en temporada alta.

La estación nueva comunicará con la antigua, donde se ubicará una estación de impulsión y bombeo que recoja todos los caudales de aguas residuales que le lleguen y los impulse hacia la nueva planta, salvando un desnivel de 94,6 metros.

De Sans, en un momento de la entrevista. J.A.RIERA

Mientras en Madrid, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, deshojaba la margarita –hasta hoy–entre Ciudadanos y Podemos para intentar formar el Gobierno del Estado, la vicepresidenta primera del Consell y secretaria general de Podemos en Ibiza, Viviana de Sans, advirtió de que si el socialista decide escorarse hacia el centro, como ha hecho hoy, «sería muy difícil aguantar» el pacto con el PSOE en la isla. De Sans también avisa a sus socios de gobierno de que la protección del suelo rústico y el reparto territorial de la recaudación de la ecotasa son cuestiones irrenunciables.

EUGENIO RODRÍGUEZ | IBIZA -¿Está decepcionada con el resultado de la consulta sobre la carretera?
-No, en absoluto. El resultado de una consulta nunca puede ser decepcionante. Ha salido lo que ha salido, y ningún problema.

-¿Votará a favor con disgusto del proyecto de la carretera?
-A nivel personal, sí, con disgusto. Hubiera preferido un proyecto de menos impacto, pero respeto el resultado. También me hubiera gustado una consulta reglada, con una ley que no tenemos. Es lo que ha salido, claramente, y votaré a favor del proyecto como consellera porque me toca hacerlo.

-Para alcanzar una conclusión que ya habían previsto de antemano, ¿ha valido la pena el desgaste político con un coste además de 11.313 €?
-El coste que supone la democracia o saber la opinión de la ciudadanía no puede ser cuestionable. Es lamentable que se cuestione un coste de 11.000 euros. Es verdad que es dinero, pero es importante saber lo que piensa la gente. Podíamos intuir todos que tendría un gran apoyo. Pero hay que actuar con certezas. El Ayuntamiento de Santa Eulària pidió tres informes en 2012 a una empresa de ingeniería, con un coste de 20.000 y pico euros, sobre propuestas de modificación del proyecto de la carretera. Sabiendo que serían rechazadas, supuso tirar 20.000 euros a la basura. Y si esperaba que fueran aprobados, se habría roto el consenso obtenido hasta ese momento, y se habría tenido que empezar de nuevo la tramitación del proyecto, lo que supondría tres años de retraso. Me gustaría que hubiera algo de sentido común a la hora de hacer demagogia con el gasto.

-¿No tiene la sensación de que se ha tirado el dinero a la basura con la consulta on line, tras gastar 4.346€ y recoger 183 votos?
-No. La sensación de tirar el dinero a la basura no. El objetivo principal de la consulta on line era facilitar una herramienta a los ciudadanos que quisieran expresar su opinión. No había otra forma de hacerlo. Y que este procedimiento fuera absolutamente garantista: tenía que votar gente de Eivissa y cumplirse los requisitos establecidos, respetando además la ley de protección de datos. Había que hallar una empresa que garantizara todo esto. Pedimos tres presupuestos y lo adjudicamos al más barato. Reconozco que la participación ha sido muy baja.

-¿Se volverá a repetir una consulta on line a la vista del resultado tan pobre obtenido?
-Pienso que hay que hacer pedagogía. La ley de procedimiento administrativo ya prevé consultas on line. A partir de octubre del año que viene cualquier ley, reglamento que tenga una incidencia sobre los ciudadanos tendrá que pasar por un proceso de información, participación y consulta on line. Por tanto, este es el futuro.

-¿Piensa que el error fundamental de la consulta ha sido la falta de claridad sobre su alcance debido a las diferencias que ustedes mantenían con el PSOE?
-Sí, probablemente. Hay diferentes sensibilidades y posiciones en según qué temas. Una de las cosas que hemos aprendido de este proceso de consulta y esta controversia es que no hay que tener ningún miedo a manifestar nuestras diferencias. No pasa nada, no es un drama. Ni hay que escandalizarse.

-¿Cuál será la próxima consulta ciudadana?
-No lo sabemos todavía. De momento, tenemos una sobre la mesa acerca del nuevo plan director de residuos. La ley ya prevé este tipo de consultas. En unos años entrará dentro de la normalidad y nos reiremos de cómo se rieron de los que hicieron la primera consulta y obtuvieron solo 183 votos. Quedará como una anécdota porque sin duda este es el futuro.

-¿Se ha empezado a discutir en el equipo de gobierno la reforma del Plan Territorial Insular?
-Estamos trabajando políticamente, no aún los técnicos. Es un tema prioritario. Lo tenemos en el plan de gobierno para 2016.

-Aún no se ha abierto el melón y ya se han puesto de manifiesto las discrepancias con el PSOE sobre el alcance de la reforma urbanística. ¿Tiene que haber crecimiento cero en suelo rústico?
-Nuestro pacto de gobierno dice que la construcción en rústico ha de ser la propia del uso de este tipo de suelo. Es verdad que hay diferencias de matices, probablemente de las más importantes. También pensamos que cuando abordemos el desarrollo técnico del PTI, podemos optar por mirar lo que hacen en Mallorca y Menorca y cómo interpretan lo que se ha de permitir o no en este espacio. Aún estamos acabando de definir políticamente cómo concretamos y plasmamos este punto del programa de gobierno, que para nosotros es muy importante.

-En Menorca no se puede construir en suelo rústico, salvo instalaciones vinculadas a la actividad agraria. ¿Se puede extrapolar este modelo a Ibiza?
-Nosotros entendemos que este es el sentido de nuestro acuerdo. Cuando digo nosotros me refiero al grupo Podem-Guanyem.

-«Evitar la urbanización difusa del suelo rústico. Se tiene que mantener sus características y valores, evitando que sea un espacio de especulación inmobiliaria. En este tipo de suelo solo se permitirán las actividades e instalaciones que le sean propias o aquellas con un evidente interés general». ¿Se refiere a este punto del pacto? ¿Cómo lo traduce para que la gente lo entienda?
-Se traduce en lo que dice. Mantenemos precisamente un debate político sobre cómo plasmar este punto cuando iniciemos la parte técnica de redacción del nuevo PTI. Será cuando podré contestar con exactitud.

-El PSOE ya ha dicho que de crecimiento cero nada y que en suelo rústico se ha de poder edificar.
-Bueno. No pienso que lo hayan dicho en plan de que se puede construir todo lo que uno quiera. El acuerdo de gobierno es bastante claro. Creo que si se pregunta en Mallorca o Menorca cómo interpretan este párrafo, la respuesta sería bastante evidente. Para nosotros también. Defenderemos lo que pone. Al decir crecimiento cero, me refiero a vivienda de nueva planta como las que se aprueban ahora en la Ciotupha y que provoca que algunos nos pongamos las manos sobre la cabeza.

-En 2011 el pacto de izquierdas se rompió precisamente por la falta de acuerdo con el PTI, ¿podría repetirse lo mismo?
-Política ficción.

-¿Pero se trata de un asunto suficientemente importante para que su grupo llegue hasta las últimas consecuencias?
-Absolutamente. Lo que está claro es que tenemos una isla pequeña y que hay que empezar a adoptar medidas importantes de protección. El acuerdo dice lo que dice y para nosotros es muy claro.

-El pacto también prevé consultar a los ciudadanos la reforma del PTI. Si los ciudadanos se posicionan en contra de la nueva normativa territorial, ¿su grupo acatará el resultado?
-Tenemos muy claro que cuando se consulta a los ciudadanos es para conocer su opinión y que estamos aquí para hacer lo que quiere la ciudadanía. Somos muy respetuosos. Legalmente no es vinculante, ni siquiera en la ley de procedimiento administrativo que he comentado. Si el resultado es ajustado la decisión la adopta el político, pero si es evidente, no hay mucho que decidir. Se hace lo que dicen los ciudadanos que para eso se les pregunta.

-¿Habrá ecotasa?
-Pienso que sí. Tiene que ser una ecotasa cuya recaudación retorne en un porcentaje de reparto territorial importante y que se destine realmente a curar las huellas que deja un turismo que está masificado. Se ha de conseguir que las islas que más sufren el turismo a nivel territorial y paisajístico, reciban lo que les corresponda proporcionalmente.

-¿Qué le parece que sea su grupo en el Parlament el que adopte una posición dura para lograr un reparto territorial del tributo en vez del presidente del Consell?
-[Se lo piensa varios segundos mientras se le escapa una sonrisa] Bueno... quizá se lo tendría que preguntar al presidente [se ríe]. Nosotros lo tenemos muy claro. Tuvimos un debate interno muy intenso en Podemos a nivel balear para que se entendiera esta posición de las islas pequeñas. Los mismos parlamentarios de Podemos de Mallorca tienen claro que tiene que ser así y que esta ecotasa debe servir para incidir en positivo sobre las consecuencias del turismo sobre el territorio. Pienso que desde la presidencia del Consell también se tiene claro que se tiene que dar cierto reparto territorial, que Eivissa merece poder invertir el porcentaje del peso turístico que tiene en Balears.

-¿Se llegará hasta las últimas consecuencias? ¿Si no hay reparto territorial de la recaudación Podemos votará en contra de su aprobación?
-Si no se produce una rectificación del actual [proyecto de ley], pues no lo sé. Pienso también en el PI, que también está por la misma labor. Peligra. El Govern balear tiene que ser flexible sobre esta cuestión y escuchar a las islas pequeñas. No es un asunto de partidos, sino una discriminación sangrante que sufrimos las islas pequeñas con respecto a Mallorca y que ya va siendo hora de que alguien diga ya basta, ya basta.

-¿Cree el presidente del Consell debería dar un paso al frente y reclamar públicamente que se tenga en cuenta esta demanda?
-Sí, pienso que sí.

-¿Y lo hará?
-Pienso que sí.

-¿Lo han hablado?
-Sí.

-¿Y qué porcentaje del impuesto se debería invertir en Ibiza?
-Allá delante tiene el pasillo [que conduce al despacho del presidente para preguntarle].

-¿Qué le parece el argumento que esgrime constantemente el PP de que Podemos tiene secuestrado el gobierno del Consell? ¿Su grupo manda más?
-No. Cada grupo tiene sus competencias, está muy repartido. Hay mucho respeto. Dos días a la semana nos reunimos en el despacho del presidente para valorar entre todos lo que se hace en cada conselleria. A mí ya me gusta lo que dice el PP, pero no se ajusta a la realidad. Otra cosa es que nosotros somos muy serios y exigimos que se cumplan las cuestiones que hemos acordado. No somos tibios.

-¿No cree que han hecho un flaco favor a su compañero de gobierno Miguel Vericad al no defender el sacrifico de las cabras de es Vedrà?
-No. La decisión fue del Govern.

-¿Usted comparte las críticas de su partido?
-Absolutamente. A nivel personal estoy convencida de que políticamente no era asumible el sistema que se empleó para sacar las cabras. No sin antes haber abordado, probado y finalmente descartado todas las otras opciones.

-Al no haber una mayoría alternativa, ¿Podemos seguirá gobernando con el PSOE en el Consell pase lo que pase en la negociación y formación del nuevo Gobierno de España? ¿Puede haber consecuencias en Ibiza? –La entrevista se publicó el pasado domingo antes de que se hiciera público el pacto de gobierno–.
-Yo creo que sí puede haber consecuencias.

-¿Hasta qué punto?
-Bueno, no lo sé. Política ficción. Pero es evidente que el cariz de las negociaciones que haya en Madrid y el Gobierno definitivo, si lo hay, puede marcar... Con un hipotético pacto de PSOE con Ciudadanos [remarca que es «política ficción»] con la abstención del PP e historias de estas sería muy difícil aguantar quizá un gobierno aquí.

-¿Lo han tratado con el PSOE?
-Tenemos suficiente trabajo en cada conselleria como para ponernos a hacer política ficción sobre lo que pueda pasar.

-Pero si sucede, ¿cree que el PSOE podría gobernar con la ayuda del PP en el Consell?
-Bueno, a lo mejor sería una opción, claro.

-¿Preferirían quedar fuera que no aplicar su programa de gobierno por el desenlace político que ocurra en Madrid?
-Depende. Por eso digo que es política ficción. Si hay un respeto total al programa, y se diera este escenario en Madrid [pacto PSOE-Ciudadanos], a lo mejor no acabaría teniendo incidencia. Pero habría que ver hasta qué punto a lo mejor resulta que desde el partido [la dirección estatal de Podemos] se dice: los que tenéis un acuerdo [con el PSOE]... A lo mejor no viene ni por nuestra parte. Es evidente que este momento de ebullición y fricciones políticas cierta repercusión ha de tener por coherencia política a nivel estatal, autonómico e insular.

Los consellers Joan Boned, Biel Barceló y Vicenç Vidal. CAIB

EFE | PALMA El Consell de Govern ha aprobado hoy el decreto ley de medidas urgentes en materia urbanística que deja sin efecto los aspectos más urbanizadores de las leyes de suelo, turística y agraria, aprobadas en la legislatura anterior.

El vicepresidente y conseller de Turismo, Biel Barceló, el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Joan Boned, y el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, han explicado en rueda de prensa el decreto ley, el segundo desde el inicio de esta legislatura, tras el Consell de Govern extraordinario en el que se ha aprobado.

En particular, la normativa pretende acabar con las amnistías a infractores, pero no paraliza ninguna actividad económica, han aclarado los consellers, que han incidido en que el decreto ley sigue la línea de un nuevo modelo económico sostenible en las islas, y en contra de la especulación urbanística y del territorio.

El decreto ley entra en vigor de forma inmediata y deja en suspenso hasta diciembre de 2017 cerca de medio centenar de artículos, disposiciones y puntos de la ley del suelo, suelo rústico, turismo, agraria y la normativa que afecta a las áreas protegidas de Ibiza y Formentera, y que dejaba sin efecto el plan territorial de Menorca.

La suspensión y no derogación de los artículos de las leyes citadas se lleva a cabo por "ética", ha apuntado Boned, ya que el objetivo es conseguir una modificación de las normativas en la que todos los sectores afectados y los grupos parlamentarios puedan realizar sus aportaciones para su posterior aprobación en la cámara balear.

El decreto ley termina con construcciones ilegales y la posibilidad de ubicar nuevos campos de golf y grandes equipamientos en suelo rústico y racionaliza las mejoras en establecimientos turísticos, que se podrán llevar respetando la "coherencia" con la normativa urbanística general.

El vicepresidente ha apuntado que con ello se detiene "la presión" sobre el territorio y la posibilidad de crear una nueva burbuja inmobiliaria que ha llevado a una mayor crisis y corrupción.

En la ley turística, ha explicado, se regresa "a la normalidad y seguridad jurídica", y con lo que se limita los cambios de uso, que en el caso, por ejemplo, de los hoteles que se podían convertir en un edificio de pisos, ahora solo se podrá realizar si el plan municipal lo prevé y permite.

Barceló ha especificado que se siguen impulsando las inversiones económicas, por lo que las reformas y ampliaciones en establecimientos hoteleros continuarán, pero se establecen condiciones como que las mismas no podrán ser superiores al 20 % del volumen y edificabilidad, frente al 40 % que permitía la urbanística aprobada durante el Govern del PP.

Zonas hoteleras maduras
En cuanto a las zonas hoteleras maduras, solo se podrán construir una planta más (y no dos) en los establecimientos hoteleros, para destinarla a servicios, como climatización y ascensores.

Entre las posibilidades de ampliación, antes se permitía a través del incremento de parcelas, incluso distanciadas entre sí, ahora solo se aprobará con las aledañas y en el caso de la Playa de Palma, en ninguna, en consonancia con el plan de reconversión integral (PRI).

Con ello, se limita la ampliación de plazas hoteleras, ya que según el conseller de Turismo en los últimos tres años estas han sumado 600 en Mallorca, lo que considera un número poco relevante.

Ha aclarado que los proyectos que ya estaban en marcha y tenían la autorización previa antes del decreto ley podrán continuar, y ha recordado que el 17 de enero termina el plazo para la regularización de plazas hoteleras.

En cuanto a la ley del suelo, el objetivo es regresar a "la prevalencia del interés general" en la gestión del territorio y hacer "compatible, desde la coherencia, la actividad económica, la preservación de la fisonomía y la naturaleza del suelo rústico", ha señalado Boned.

Ha insistido en que "en ningún caso paraliza ningún tipo de actividad económica", sino "que reconduce determinadas situaciones de actividades", ya que suspende "los artículos más desarrollistas" de la ley, que ponían en riesgo la conservación del suelo rústico.

Así, queda sin efecto la amnistía para las construcciones ilegales en suelo rústico al no permitir su legalización con el pago de una multa; suspende la posibilidad de incluir de forma automática como suelo urbano los asentamientos rurales urbanizados de forma irregular.

Viviendas unifamiliares en suelo rústico
La normativa cautelar aprobada deja en suspenso la posibilidad de viviendas unifamiliares en suelo rústico construido y se vuelven a establecer los porcentajes de superficie máxima construible en este tipo de suelo (3 % en Mallorca y Menorca, 4 % en Ibiza y Formentera).

Determina también que ya no se podrá edificar en los espacios protegidos.

El conseller Vidal ha resaltado la necesidad de que la ley agraria se desvincule de la actividad urbanística, y con este decreto ley se recupera el suelo rústico para las actividad agrarias.

Ha apuntado que los intereses urbanísticos han provocado la expulsión de los payeses del campo, lo que permitía la normativa anterior, por lo que ahora se busca protegerlo.

Por ello, se regresa a la obligación de la declaración de interés general para las actividades no propias del suelo rústico, en especial el protegido.

Además, el concepto de agroturismo se vuelva más restrictivo, las actividades ecuestres se considerarán complementarias de explotación agraria, sin carácter comercial, de restauración o espectáculo, con lo que no se podrán construir complejos privados con campo de polo -que quedan prohibidos- ni oferta complementaria, ni se permitirá ningún tipo de juego o apuesta sobre estas actividades.

Vicent Serra, ayer en su despedida, rodeado por Pepa Costa, Mariano Juan y Vicent Torres. j. a. riera

EUGENIO RODRÍGUEZ | IBIZA ­El equipo de gobierno del Consell se enzarzó ayer en el pleno en una disputa con el PP por la consulta del proyecto de desdoblamiento de la carretera de Santa Eulària, en el tramo de la salida de Vila hasta Can Clavos. La consellera del PP cuestionó qué «provecho» se va a obtener de este proceso si, como en principio mantienen PSOE y Podemos de puertas para fuera, no será vinculante. Fue durante el debate de una propuesta de Podemos-Guanyem para instar al Govern a que elabore en «la mayor brevedad posible una ley de consultas», que dé capacidad a los consells para llevar a cabo procesos de este tipo en cada isla.

El PP votó a favor de esta propuesta, pero rechazó, en cambio, un tercer punto en el que se especificaba que este tipo de consultas se harán sobre proyectos que se desarrollen en más de una legislatura o aquellos cuyo coste supere el 10% del presupuesto de la institución. El PP se negó a apoyar este punto porque supone una modificación del reglamento de Participación del Consell y el equipo de gobierno no le había consultado previamente.

La vicepresidenta primera, Viviana de Sans, de Podemos, rehusó confirmar que el proyecto no se cambiará aunque la mayoría manifieste su disconformidad. Es más, subrayó que «la palabra de la gente es sagrada» y que «hay que tenerla en cuenta», a lo que agregó de forma elocuente: «La ciudadanía decide y nosotros obedecemos».

La consellera del PP dijo que su grupo está de «acuerdo» en que se abra una consulta, siempre y cuando esta sea «productiva». «Pero no en un proyecto ya cerrado, que no va a variar, o esto es lo que creemos», apuntó Domínguez.

Domínguez también pidió una explicación sobre la necesidad de gastar 6.000 euros en la consulta y subrayó que, si el motivo es el acuerdo de gobierno suscrito entre PSOE y Podemos, ambos también pactaron que «no gastarían más en cargos públicos» y, en cambio, «cada día son más».

Autovías y corrupción
La reacción de De Sans fue dura y, aparte de destacar que el PP es partidario del «ordeno y mando», recordó «las expropiaciones ilegales de las autovías y la ocupación ilegal y violenta de las fincas con los antidisturbios». «Para ustedes las carreteras son sinónimo de opacidad... Nosotros no renunciamos a escuchar a la gente. A escuchar y actuar en consecuencia», resaltó, dando con ello más pistas sobre la intención de que en realidad la consulta será vinculante.

Todavía fue más allá la vicepresidenta al abrir el melón de los casos de corrupción que afectan al PP. «Sus insultos nos dan igual. Lo que es un insulto es la detención de 24 cargos del PP de Valencia. ¿De verdad no les da vergüenza?», cuestionó. En su encendida intervención, la secretaria general de Podemos recordó que «Rajoy [el presidente del Gobierno en funciones] cogió un martillo y destruyó los ordenadores para destruir las pruebas» del caso Bárcenas.

Domínguez respondió que la corrupción es «muy lamentable y recriminable» y recordó que hay «en todos los partidos», recordando que «en la tele» también se habla de «una supuesta financiación de Irán [a Podemos]».

Sobre las expropiaciones de las autovías, la consellera del PP se limitó a apuntar que «10 años atrás las cosas pasaron como pasaron». Asimismo, señaló que el PP ha ejecutado la carretera de Sant Joan sin ningún problema en las expropiaciones.

La vicepresidenta segunda, Marta Díaz, del PSOE, justificó que pese a que su grupo es «favorable» al proyecto previsto, esta posición «no es incompatible con que la gente pueda opinar». De hecho, dijo, en contra del criterio del PP, que «no es inútil» esta consulta.

Desacuerdo con el Urbanismo
Por otro lado, el equipo de gobierno tumbó la propuesta del PP, que sí prosperó el jueves en el pleno de Sant Antoni con el apoyo del PI (Reinicia se abstuvo), de instar al Parlament a que tramite el nuevo decreto urbanístico (la moratoria) como proyecto de ley y que se consensúe con los colegios profesionales y colectivos implicados.

El conseller de Medio Ambiente, Miguel Vericad, de Podemos, también criticó con dureza al PP y señaló que el hecho de que ahora pida consenso es como oír a su madre «hablando swahili». Insistió en que el decreto era necesario, incluso para su gusto «llega tarde», para poner freno a «la política de barra libre» en suelo rústico del PP, al que calificó como «caballo de Atila» por «arrasar el territorio».

La consellera de Territorio, Pepa Marí, del PSOE, rechazó la posibilidad de que el decreto se tramite como proyecto de ley, ya que lo más importante, según su criterio, es que «comience cuanto antes» la modificación de las tres leyes (la del suelo, la agraria y la turística) afectadas por el decreto. Hay un plazo de dos años, el periodo de vigencia de la moratoria.

En su réplica, el conseller del PP Mariano Juan expresó su «sorpresa» por el hecho de que Podemos, que hace bandera de la transparencia y el consenso, dijo, no apoyara su propuesta. «No sé de qué tienen miedo, puesto que cuentan con mayoría parlamentaria». Asimismo, el portavoz del grupo popular, Vicent Serra, echó en cara a los partidos de la izquierda que siempre saquen a relucir a «Bauzá o las autovías para no hablar con el PP», al tiempo que recordó que él, como presidente, abrió un diálogo con el PSOE y sus socios políticos para intentar un pacto por el territorio. La socialista Marí recordó que ella participó de ello y que fue «un paripé».

En su último turno, Vericad rebajó el tono y tendió la mano al PP para buscar acuerdos en torno a la reforma de la normativa territorial para que tenga «continuidad». «Hay espacio para el debate. Se tendrán en cuenta sus aportaciones si defienden el interés general».

Poder de decisión sobre canteras
El pleno aprobó por unanimidad una iniciativa del PSOE para instar al Govern a que lleve a cabo «los cambios legales necesarios para que los consells insulares tengan participación respecto las actividades industriales que se localizan en las canteras». Con ello, el PSOE pretende evitar que se repita lo sucedido con las plantas de asfalto y hormigón de ses Planes, cuya instalación se ha aprobado pese a la oposición del Consell.

Un grupo de personas reivindica una solución al problema de la falta de agua que sufre la isla. VICENT MARÍ

EUGENIO RODRÍGUEZ | IBIZA
Para Ibiza acaba de arrancar el año del agua. Después de las repetidas promesas electorales de los partidos de todos los colores para garantizar el suministro de agua potable, ha llegado el momento ineludible de que se hagan realidad. El momento crítico será el verano, y el margen de tiempo es muy justo, más aún para los plazos en que trabaja la Administración. Los responsables políticos coinciden en que no se pueden repetir un año más los problemas del agua que padece la castigada población de Sant Jordi y Platja d´en Bossa. El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas Agustinet, confía en que cuando apriete el calor de verdad de los grifos de las casas salga agua buena. «Aunque no se pueda asegurar del todo, espero que sí», ha dicho. La importancia es tal que el Consell de Ibiza ha decidido que este año solo subvencionará obras municipales vinculadas con el suministro de agua.

Desaladoras: La reanudación de las obras de interconexión de las tres plantas
Para que se cumpla el deseo del alcalde de Sant Josep, se tiene que culminar primero el proyecto de interconexión de las tres desaladoras de la isla, un viejo proyecto que, tras iniciarse, quedó parado durante años por un sobrecoste de 1,6 millones de euros.

El Govern balear había previsto que el pasado mes de octubre se reanudaran los trabajos, pero las expropiaciones de terrenos han demorado más su reactivación. Ahora se espera que este mismo mes se reinicien las obras en la zona de Sant Josep, con un plazo de ejecución de algo más de dos meses. La necesidad es tal que el Ayuntamiento de Sant Josep y el Consell han solicitado al Govern que declare de emergencia la culminación de este proyecto a través del decreto de sequía aprobado hace unos meses.

Puesta en marcha al fin de la desaladora de Santa Eulària
Resuelto el conflicto sobre el sobrecoste de la desaladora de Santa Eulària, tras el rescate de la concesión por parte del Gobierno central, se tienen que iniciar de inmediato los trámites (las administraciones locales también reclaman que se hagan por la vía de la emergencia) para su puesta en marcha.

El alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, espera que a partir de julio la desaladora inyecte ya agua potable a la red. Una vez acabada la interconexión, se aprovechará el caudal de esta planta para abastecer también las zonas de la isla, como Sant Jordi, con problemas de abastecimiento.

Depuradoras: El esperado inicio de las obras de la planta de Vila en sa Coma
Después de más de 15 años de interminables trámites, este año se tienen que iniciar por fin las obras de la nueva depuradora de Vila. Dos empresas del grupo Sacyr ganaron el pasado mes de diciembre el concurso público para su construcción con un presupuesto de 24,3 millones, un 40,9% por debajo del precio de salida. El plazo de ejecución de las obras es de 33 meses, casi tres años. Pese a la polémica y la disputa entre los partidos de la izquierda, el emplazamiento de la nueva depuradora será el antiguo campo de tiro del acuartelamiento de sa Coma. También se espera que este año se inicien las obras de reforma de la depuradora de Santa Eulària, pero aún no hay una fecha concreta. El plazo de ejecución es de 28 meses.

El emisario de talamanca: Otro verano sin nueva tubería
Pasará otro verano sin que se sustituya el emisario de la depuradora que vierte las aguas sucias (debido al deficiente funcionamiento de la planta de depuración de Vila) a Talamanca. A mediados de año se prevé que el Govern balear tenga ya el proyecto de la nueva canalización y acto seguido saque a concurso su construcción.

La conselleria balear de Medio Ambiente se ha comprometido a declarar de emergencia estas obras para acelerar su ejecución. En el plano judicial, la Fiscalía debe resolver si pide que se abran diligencias por la denuncia presentada por los vecinos de Talamanca contra el Govern balear por un supuesto delito contra el medio ambiente.

Revisión del PTI: El Consell abrirá la caja de los truenos del urbanismo insular
Después de los aparentemente tranquilos primeros meses de gobierno de PSOE y Podemos-Guanyem en el Consell, ha llegado el momento de abrir la caja de los truenos que supone la revisión del Plan Territorial Insular (PTI), un compromiso electoral suscrito en el pacto de los dos partidos y que ya ha puesto de manifiesto las diferencias de criterio entre los firmantes.

El presidente del Consell, Vicent Torres, ha anunciado el inicio este año de un proceso de participación ciudadana para decidir los cambios en el PTI, que se harán, ha insistido, de forma «consensuada».

Podemos-Guanyem ha manifestado que la isla no puede soportar más la presión urbanística y que apuesta por el crecimiento cero en suelo rústico. El PSOE, en cambio, no tiene previsto impedir la construcción de viviendas en el campo. El anterior pacto de izquierdas del Consell se rompió justo antes de las elecciones de 2007 precisamente por las diferencias en la revisión del urbanismo de la isla.

La moratoria del Govern: El decreto urbanístico anunciado
En el arranque del año se espera que el Govern balear apruebe un decreto de medidas territoriales para derogar los cambios urbanísticos que aprobó la pasada legislatura el Ejecutivo autónomo del PP de José Ramón Bauzá a través de diversas leyes, como la Ley General Turística o la Ley Agraria. Podemos-Guanyem, que ya ha manifestado su malestar por el retraso que arrastra esta iniciativa del nuevo Govern, espera que a través de este decreto se impida ya la construcción de viviendas en espacios de especial protección, como las ANEI, LIC y ZEPA.

El urbanismo de Vila: El Ayuntamiento tiene hasta abril para aprobar su PGOU
El calendario de la concejalía de Urbanismo de Vila tiene marcado en rojo el mes de abril de este año. Esta es la fecha límite para que se apruebe de forma inicial el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vila después de que a finales de febrero del año pasado una sentencia del Tribunal Supremo anulara el planeamiento aprobado en 2009 por un defecto de forma al no contar con una Evaluación Ambiental Estratégica.

La nueva versión del PGOU será calcada a la anterior. En el caso de que no se llegara a tiempo para aprobar el planeamiento en abril, decaería automáticamente la moratoria de concesión de licencias y entraría en vigor el PGOU de 1987, mucho más permisivo y con un techo de población mucho más elevado que el anulado.

Obras en carreteras: Pendientes de la ampliación de la carretera de Santa Eulària
Superada buena parte de la farragosa y larguísima tramitación del proyecto del desdoblamiento de la carretera de Santa Eulària, el tramo hasta Can Clavos y la variante de Ca na Negreta, este año tendrían que iniciarse las obras, aunque el Consell aún no ha concretado cuándo. El equipo de gobierno se ha marcado como objetivo comenzar los trabajos a partir de octubre, pero tampoco lo garantiza al cien por cien. Lo que sí parece seguro es que antes del verano se acaben las obras de ampliación de la carretera de Sant Joan, que empezaron a finales de 2014.

Turismo: Vuelve la ecotasa
El nuevo Govern de izquierdas aprobará en el Parlament balear antes del verano la aplicación del nuevo impuesto turístico, conocido como ecotasa. Los hoteleros están en pie de guerra desde el anuncio de la vuelta del controvertido tributo, fundamentalmente porque serán ellos de nuevo los encargados de recaudarlo y porque no se cobrará en los establecimientos alegales.

Política: ¿Nuevas elecciones generales?
2016 deja atrás un año muy agitado políticamente tras dos convocatorias electorales, pero el resultado de los comicios generales del pasado mes de diciembre, en el que el PP, la fuerza más votada, no obtuvo una mayoría suficiente para formar gobierno, siquiera con el apoyo de Ciudadanos, deja abierta la posibilidad de que los ciudadanos tengan que acudir de nuevo a las urnas.

En todo caso este año el PP y el PSOE deben convocar a sus militantes para la celebración de sus congresos. Después del tortuoso proceso que situó a Vicent Torres a la cabeza de la FSE-PSOE, todo apunta, tras la eliminación de los críticos, a que tendrá el camino expedito para seguir al frente del partido socialista de Ibiza.

En la casa de los populares, la vida es más convulsa pese a que, tras la dimisión de Vicent Serra y el nombramiento consensuado de José Vicente Marí Bosó como su sucesor, parecía que devolvería la paz interna. La elección de los candidatos al Congreso (Marí Bosó) y al Senado (Santi Marí) en los pasados comicios en sustitución de Enrique Fajarnés y José Sala ha reabierto viejas heridas que siguen sin curar.