Viviana de Sans y Pepa Marí, ayer, en rueda de prensa en la sede del Consell. J. A. RIERA

E. RODRÍGUEZ | IBIZA ­El Consell de Ibiza abordará de manera «absolutamente urgente» la revisión del Plan Territorial Insular (PTI) para evitar la especulación en suelo rústico. Tras la reunión del Consell Executiu, la consellera insular de Territorio y Movilidad y coportavoz de la institución, Pepa Marí, renegó de los informes favorables emitidos por la institución (Ciotupha) para la construcción de 15 viviendas en suelo rústico, algunas de ellas de «dimensiones considerables». «Responden más a la especulación que al uso normal de este tipo de terreno, que es el de que pueda vivir la gente que ahí trabaja», dijo.

Una de las autorizaciones dadas se encuentra en zona ANEI, sobre la que pesa la moratoria del Govern, pero el Consell, según explicó la consellera, se ha visto obligado a autorizar la concesión de la licencia porque la tramitación del proyecto, que es anterior, tiene «un largo recorrido». Del mismo modo, la Ciotupha ha informado a favor de la construcción de viviendas en suelo rústico forestal porque así lo permite la ley y el PTI. «No es el tipo de acuerdos que nos gusta adoptar», resaltó. Por ello, subrayó Marí, es «urgente» abordar su revisión.

La vicepresidenta primera y coportavoz, Viviana de Sans, coincidió con Marí en «la imperiosa necesidad» de modificar el PTI, que, recordó, recoge «el modelo territorial del PP». Recalcó que su gobierno se ve «obligado» a dar, en contra de su criterio, el visto bueno a la construcción de viviendas en suelo rústico porque «se adaptan a la ley». «Tenemos la imperiosa necesidad de abordar un nuevo PTI cuanto antes», agregó.

Marí recordó que el Govern balear ha iniciado los trabajos para modificar la ley del suelo, con una metodología que la consellera calificó de «revolucionaria», ya que se prevé crear «grupos de trabajo» en cada isla. Dicha normativa marcará los cambios en el PTI, cuya tramitación se iniciará este año y se hará paralelamente a la reforma legislativa balear.

Hay que tener en cuenta que PSOE y Podemos-Guanyem ya han manifestado públicamente sus diferencias sobre la interpretación del pacto de gobierno que especifica el alcance de la reforma del PTI. Mientras Podemos-Guanyem defiende prácticamente «el crecimiento cero» en suelo rústico, el presidente, Vicent Torres, ya ha rechazado esta posibilidad.

Por otra parte, el Consell Executiu acordó ayer solicitar al Consell Consultiu que emita un informe para resolver el conflicto económico que la institución mantiene con la empresa adjudicataria de la reforma de la travesía de Jesús (Vías y Construcciones S.A.) por el coste de las obras que acomete Endesa y que asciende a 80.000 euros. Como la constructora presentó una oferta a la baja del 40% del presupuesto de la licitación, reclama al Consell, en contra de su criterio, que sufrague la diferencia. Pepa Marí explicó que este conflicto «no afecta a las obras», puesto que Endesa está haciendo las obras que le corresponden, «y las acabará», al margen de que se resuelva más tarde el conflicto, según Marí.

Sanciones en transporte
El Consell Executiu aprobó ayer la conclusión de tres expedientes de infracción de transportes tras el pago voluntario de la correspondiente sanción, con una rebaja del 30%. La cuantía asciende a entre 700 y 1.400 euros. También se acordó imponer otras dos sanciones de 1.000 euros por infracciones muy graves por transportar mercancías sin haber revisado el tacógrafo o con este aparato averiado. Por último, se impone una multa de 1.500 euros a la empresa de un vehículo de transporte discrecional de viajeros tras comprobar que se había producido una disminución del tiempo diario de descanso del conductor.

Prueba para portero de discoteca
Los miembros del Consell Executiu dieron el visto bueno a las bases de la convocatoria de este año de las pruebas de acreditación profesional para ejercer de portero de discoteca u otros locales. Este año la prueba evaluadora se avanza al 2 de marzo (la segunda será el 19 de septiembre), mientras que los exámenes se llevarán a cabo el 25 de abril y, en segunda convocatoria, el 24 de octubre.

Asimismo, la institución acordó iniciar el expediente de contratación de las obras para reconvertir el antiguo aparcamiento de la planta baja del Consell en las nuevas oficinas de atención al público, con un coste de 559.082 euros.

Vista aérea de Ibiza, que con el nuevo planeamiento podría llegar a los 97.000 habitantes Xavier Duran

ALBERTO FERRER | IBIZA La concejala de urbanismo de Ibiza, Elena López, confía en poder llevar al pleno durante el mes de marzo el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Vila (PGOU), con más de un mes de margen sobre la fecha del 18 de abril, el día en que dejaría de estar en vigor la moratoria y se volvería a aplicar con todas sus consecuencias el PGOU de 1987.

El nuevo ordenamiento se adaptará a los últimos cambios legislativos, pero López adelanta que en sus especificaciones habrá «pocas novedades» sobre lo que se aprobó en 2009, con un techo de población de 97.000 frente a los 117.000 que permitía el Plan General actualmente en vigor.
«Quiero intentar aprobarlo antes de abril», explicó López. «Estamos cerrando el borrador y luego se consensuará con el Consell Insular», antes de darle curso de forma oficial con la aprobación inicial del documento.

Coordinación con el Consell
El trabajo coordinado con la máxima institución insular debe servir para agilizar el ajuste ´fino´ del documento. López explica que esta coordinación se ha buscado «en todos aquellos aspectos en los que había algún tipo de recomendación o prescripción, que se van incorporando» a la versión definitiva que se está ultimando.

Además de las indicaciones del Consell Insular, el documento debe atender las prescripciones de la Comisión Balear de Medio Ambiente (CBMA), instancia a la que corresponde emitir el Estudio Ambiental Estratégico. Este es precisamente el trámite que le faltaba al PGOU de 2009 (aunque, durante la tramitación, desde la CBMA se consideró que estaba exento) y por el que fue anulado por el Tribunal Supremo en una sentencia del año pasado.

La Comisión Balear de Medio Ambiente (CBMA) indicó en ese documento que el Ayuntamiento debe justificar cualquier nuevo incremento de su suelo urbano. Este organismo del Govern espera que el equipo de gobierno «asegure que la capacidad de población que se prevé en el planeamiento se puede asumir ambientalmente».

También insta a aportar documentación actualizada en cuanto a la suficiencia de sus redes y servicios de suministro, ya que considera que el problema del agua es «el más grave del municipio».
El nuevo ordenamiento de Vila va acompañado también de un informe económico en el que se aclararán cuestiones como si «hay dinero para expropiar, cuánto costaría en función del suelo», comenta López. Este detallará también, por ejemplo, cuánto podría costar una eventual indemnización a los propietarios de ses Feixes, porque estipulará cuánto valen esos terrenos.

El Ayuntamiento remitirá el nuevo PGOU a la comisión tras su aprobación inicial. Entonces, se abrirá un periodo de exposición pública en el que se recogerán alegaciones antes de la aprobación provisional y definitiva del documento.
En el periodo transitorio, se podrán autorizar la nuevas licencias de edificación que cumplan tanto los parámetros del PGOU de 1987 como los del que se quiere aprobar.

J. LL. F. | IBIZA El Ayuntamiento de Sant Antoni se mostró satisfecho por la moratoria del Govern, «sobre todo porque al fin se ha aprobado y ya se puede aplicar», afirmó el concejal de Urbanismo, Juanjo Ferrer (PI). El edil recalcó que las leyes de Bauzá «dejaban a los ayuntamientos sin competencias para diseñar su futuro urbanístico», cosa que ahora ha terminado. Ferrer añadió que la suspensión de las AMR en suelo rústico «simplifica mucho la redacción de las nuevas Normas Subsidiarias», puesto que el Govern ya ha decidido al respecto. Por su parte, el conseller Joan Boned, al ser preguntado por este diario sobre la situación en que quedan ses Variades, afirmó que este «es un tema que ha quedado aparcado». «El decreto no entra en ello y será objeto de negociación» cuando se modifique la Ley del Suelo balear. Al parecer, un alcalde de Mallorca pidió «tener una solución» para un suelo urbano de su municipio, que de haberse aceptado habría consolidado, a su vez, el carácter urbano de ses Variades, lo que hizo desistir al Govern de sus pretensiones iniciales.

El conseller de Territorio del Govern balear, Joan Boned, en el Consell de Ibiza. J.A.RIERA

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J. LL. F. | IBIZA El conseller de Territorio del Govern balear, el ibicenco Joan Boned, ha manifestado esta mañana en una rueda de prensa en Ibiza que el decreto que suspende las normativas urbanísticas más polémicas del anterior Ejecutivo del PP era necesario para "devolver al territorio el verdadero sentido que tiene y quitarle la posibilidad de que se especule con él".

Boned ha añadido que "para conseguir la competitividad económica, no todo vale" y recordó al Partido Popular que "las leyes se hacen para ordenar, no para enredarlo todo", como a su juicio sucedió con las reformas que hizo José Ramón Bauzá de la Ley del Suelo, la Ley Turistica y la Ley Agraria.

La moratoria aprobada "aporta coherencia" a los espacios naturales, que a partir de ahora quedan inedificables, al igual que ya sucedía desde siempre en Mallorca y Menorca. "Ahora, todos somos igual", ha manifestado el conseller.

Boned ha destacado que la voluntad del decreto, que entrará en vigor mañana, "es combinar el progreso económico, pero preservando al mismo tiempo aquello que es la máxima riqueza de la isla, que es el territorio".

Aunque se ha suspendido la urbanización prevista en Benirràs, Boned han confirmado que la de ses Variades no queda afectada por la suspensión, por lo que mantiene la misma situación legal en que se encontraba. Dependerá del Ayuntamiento de Sant Antoni dar a este terreno la consideración de urbanizable o rústico.

En cuanto a las ANEI, todas las solicitudes de licencia presentadas desde hace tres meses quedan igualmente suspendidas. En concreto, hay ocho expedientes afectados por esta retroactividad, que no podrán autorizarse, ha informado el conseller.

Vista aérea de ses Variades, donde se podría permitir algún desarrollo urbano. XAVI DURAN

ALBERTO FERRER | IBIZA El Ayuntamiento de Sant Antoni considera que la reciente moratoria urbanística aprobada por el Govern no les afecta en la tramitación de la revisión de sus Normas Subsidiarias (NN SS) y por ello el concejal de Urbanismo, Juanjo Ferrer, confía en poder llevar al pleno municipal «de febrero» el texto para una nueva exposición pública.

Ferrer recordó que la norma cautelar aprobada por el Ejecutivo balear hace unos días «exonera de su aplicación a aquellos ayuntamientos que ya habían iniciado una revisión de las normas», como es el caso de Sant Antoni. Por ello, la intención del equipo de gobierno es «continuar por el mismo camino iniciado en junio».

El concejal sí admitió que la inminencia de la aprobación de la moratoria balear les hizo «retrasar un poco la previsión» que tenían en el Ayuntamiento de completar la revisión del trabajo que les dejó adelantado el anterior gobierno municipal del PP. Conocido el contenido de la nueva ley, esperan que la propuesta del ordenamiento para Sant Antoni se pueda aprobar el próximo mes para iniciar la recogida de sugerencias.

Tras su estudio, se procederá a la aprobación provisional de las NN SS, que Ferrer espera realizar en este año. Entonces se remitirán al Consell Insular para que emita su aprobación definitiva al planeamiento. El concejal de urbanismo recordó que el proceso de redacción se está haciendo con el consenso de todos los partidos, «por eso los tiempos se dilatan; el consenso a veces no es sencillo y son normas complicadas».

Sin AMR en la costa
Las normas subsidiarias tienen uno de sus puntos más espinosos en los polémicos asentamientos en el medio rural (AMR), figura ideada por el Govern de Bauzá para legalizar urbanizaciones sin servicios surgidas sin licencia. El equipo municipal del PP en la anterior legislatura acordó crear 18 de estos AMR pero Ferrer se propone «eliminar o dejar muy reducidos» los que se planteaban en la costa, entre ellos los de Cala Gracioneta, Cap Negret y Punta Galera.

«Es posible que se mantengan», en cambio, «la mayor parte» de los programados por el PP en el interior del municipio, dijo Ferrer. El concejal consideró que «al fin y al cabo son situaciones de ordenación que habría que tratar de arreglar». Por ello la figura del AMR puede ser útil «si la acotamos y la limitamos bien, siempre y cuando no implique un crecimiento». Así, planteó que los AMR que se reconozcan finalmente sean «una foto fija de lo que hay». En estas condiciones, Ferrer cree que «se puede mantener» la figura.

La legalización de urbanizaciones surgidas de forma ilegal, tal como la concibió el Govern en la pasada legislatura, permitía que, para regularizarse como asentamientos en medio rural, acabaran teniendo el doble de superficie.

Otro punto polémico del ordenamiento que comenzó a elaborar el anterior equipo es que permitía urbanizar parte de sa Talaia –el entorno de la calle Sebastian Bach y en la primera línea del acceso a Cala Gració– para obtener una zona verde en esta zona. Ferrer asegura que en su propuesta «aumenta un poco más la zona verde, porque faltaban los accesos».

El concejal defendió que la recalificación «es la mejor manera de proteger» este paraje, ya que si se mantuviera como rústico «seguiría siendo de sus propietarios y como zona verde será suelo público».

Ferrer admitió que aún siguen trabajando en aspectos como el polígono industrial de ses Païsses. «Hemos hecho una propuesta que aún no ha tenido respuesta», explicó. Esta consiste «en una reducción bastante importante del suelo» . Como ya adelantó este periódico, las normas contemplan también algún aprovechamiento urbanístico en ses Variades.

Zona des Rafal Trobat, una de las Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI) de Ibiza. J.A. RIERA

J. LL. FERRER | IBIZA ­Los tres partidos que apoyan al Govern balear –PSOE, Més y Podemos– alcanzaron ayer un acuerdo definitivo para determinar el alcance de la moratoria urbanística que vienen gestando desde hace algunos meses y que, finalmente, será aprobada en el transcurso de un Consell de Govern extraordinario que tendrá lugar el próximo martes.

Según informaron a este diario fuentes de Podemos que han participado en las negociaciones, el acuerdo satisface las reclamaciones de este partido, que se declaró «bastante satisfecho» con el resultado alcanzado al haberse incluido muchas de sus reivindicaciones.

Una de las medidas que se aprobarán el martes por el Govern es la protección total de las Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI) de Ibiza y Formentera, que quedarán inedificables, tal y como ya sucede en el resto de Balears. Esta era una de las principales demandas de los partidos de izquierdas y de los grupos ecologistas en Ibiza, debido a la presión urbanística especialmente fuerte que sufren las Pitiusas.

Del mismo modo, se aumenta el nivel de protección de las Áreas Rurales de Interés Paisajístico (ARIP) y de las Áreas de Protección de Riesgo (APR), donde se intensifican las restricciones para edificar.

Efecto retroactivo en ANEI
Al objeto de anular la posible avalancha de peticiones de licencia que pueda haberse producido durante las últimas semanas con motivo de las noticias sobre la inminente moratoria, el texto que se aprobará establece que quedan sin efecto aquellas solicitudes de licencia que se hayan presentado tres meses atrás en las zonas ANEI.

La norma cautelar que han pactado el PSOE, Més y Podemos incluye una gran cantidad de medidas, la mayoría de las cuales consisten en desactivar todas las «leyes desregularizadoras que aprobó el Govern de José Ramón Bauzá», señaló Podemos. En concreto, tal y como ya se había anunciado, se suspenden los artículos de la Ley Turística, la del Suelo, la Agraria y las DOT que fueron introducidas durante la anterior legislatura para permitir un mayor grado de edificabilidad o de implantación de empresas allí donde antes se prohibía.

Por ejemplo, a partir de ahora no podrán implantarse actividades de ocio en explotaciones agrícolas, tal y como permitía la Ley Agraria que aprobó el exconseller de Territorio y Medio Ambiente, Gabriel Company. «Se podía convertir una casa payesa en una discoteca», recordaron desde Podemos.

También se ha neutralizado el peligro de legalizar determinados crecimientos urbanísticos en la isla de Ibiza como consecuencia de un artículo que iba destinado a ´salvar´ un suelo urbano de Inca (Mallorca) pero que habría tenido aplicación en el resto de islas. Finalmente, no se incluirá dicho artículo en el texto.

Plazas turísticas
Al parecer, el conseller de Turismo, Biel Barceló, de Més, fue especialmente reacio durante todas las negociaciones a prohibir el crecimiento de plazas turísticas que permitían las leyes de Bauzá, pero finalmente se ha logrado atenuar ese crecimiento, aunque no totalmente. Sí ha habido acuerdo total para suprimir la posibilidad de que los hoteles crezcan en altura en el caso de que se modernicen.

Podemos aseguró que hizo valer durante la negociación los criterios que recogió entre los colectivos ecologistas de Balears, especialmente el GOB de Mallorca, el GEN de Ibiza y el colectivo Terraferida.

Mientras dure la moratoria, el Govern elaborará una nueva redacción de los artículos afectados para aprobarlos definitivamente en 2017 como muy tarde, según la previsión del PSOE.

Obras de desmonte en Benirràs que fueron paralizadas en octubre de 2009. DIARIO DE IBIZA

EUGENIO RODRÍGUEZ | IBIZA En una especie de viaje en el tiempo, el Govern balear recupera de nuevo la protección de Benirràs, Punta Pedrera, en Sant Josep, y parte de la urbanización de Roca Llisa, en Santa Eulària, aprobada por el anterior gobierno autónomo progresista a finales de 2007. Esta es la novedad del decreto de medidas urgentes en materia urbanística aprobado ayer en un Consell de Govern extraordinario que, además, tal como ya se había publicado, fulmina la amnistía del PP sobre las viviendas construidas ilegalmente en suelo rústico cuya infracción ya haya prescrito. También se prohíbe la construcción en las Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI) en las Pitiusas.

Protección otra vez de Benirràs, Punta Pedrera y Roca Llisa
El decreto deja en suspenso la urbanización de Benirràs, Punta Pedrera y parte de la urbanización de Roca Llisa hasta que se modifiquen las leyes territoriales de la Comunitat Autònoma con el 31 de diciembre de 2017 como plazo máximo. En concreto, la nueva norma urbanística especifica que a partir de ahora no se puede aplicar la disposición adicional sexta de la ley del suelo de Balears (la 2/2014) en la que el PP articuló el mecanismo para permitir la edificación en los tres parajes citados, «con la excusa», según el Govern, «de evitar el pago de indemnizaciones». Para ello, el PP estableció una serie de requisitos para que estos terrenos fueran considerados urbanos con independencia de su clasificación urbanística previa.

Ahora también se elimina la posibilidad de que estos suelos, que se podían clasificar directamente como urbanos, no computasen dentro del límite del 10% de crecimiento que tiene cada municipio.
El anterior Govern balear progresista aprobó a finales de 2007 el blindaje de estas zonas (incluido el proyecto ya descartado del campo de golf de Cala d´Hort), donde se proyectaban el desarrollo de diversas urbanizaciones, ampliando la superficie de las ANEI colindantes. La norma del PP aprobada para salvar este obstáculo preveía que los ayuntamientos podrían ordenar de nuevo estos espacios como suelo urbano o como asentamiento en el medio rural, si cumplían los nuevos requisitos marcados, mediante una modificación del planeamiento urbanístico o un plan especial.

Ninguno de los ayuntamientos afectados de la isla lo hizo. Sant Joan ya había aprobado inicialmente una modificación puntual de sus Normas Subsidiarias para permitir la construcción de 31 viviendas unifamiliares en Benirràs, pero el nuevo decreto urbanístico del Govern impide ahora que siga adelante con la tramitación.

En el caso de Roca Llisa, el edil de Urbanismo de Santa Eulària, Mariano Juan, asegura que los propietarios ya habían hecho «un trabajo importante» al presentar unos planos en los que se identifican las zonas de la urbanización que están consolidadas, pero el Ayuntamiento aún no había iniciado los trámites oportunos para su reconocimiento como suelo urbano.

Las zonas ANEI de las Pitiusas ya son inedificables
Para equiparar las condiciones de edificabilidad del suelo rústico de especial protección de las islas, el decreto prohíbe la construcción de viviendas en las Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI) en Ibiza y Formentera. La medida afecta a las solicitudes de licencia solicitadas tres meses antes de la entrada en vigor del decreto, que será el jueves, tras su publicación hoy en el BOIB.

Hasta ahora solo en estas islas del archipiélago balear se podían levantar casas en estos parajes a partir de una parcela mínima de 50.000 metros cuadrados en Ibiza y 30.000 en Formentera. En los últimos cuatro años, tras el final de la moratoria decretado por el anterior gobierno autónomo progresista en 2007, el Consell de Ibiza ha autorizado 35 viviendas en ANEI.

El concejal de Urbanismo de Santa Eulària, Mariano Juan, recuerda, no obstante, que hasta ahora «gran parte» de las ANEI, la zona que se encuentra dentro de la llamada zona 1, ya era inedificable.

El Consell decidirá si se pueden construir viviendas en ARIP
El decreto deja en manos de los consells la decisión sobre si las Áreas Rurales de Interés Paisajístico (ARIP), sobre las que actualmente se puede edificar una vivienda en una parcela de 30.000 metros cuadrados (en Ibiza), se mantienen como edificables o no. Además, el decreto establece que el grado de protección del suelo rústico previsto es mínimo y que los instrumentos de planeamiento y ordenación del territorio los pueden incrementar.

Final de la amnistía a la que se han acogido más de 500 casas
El Govern fulmina la amnistía aprobada por el PP, a través de la ley del suelo y a instancias del Consell de Ibiza, para legalizar las viviendas construidas sin permiso en suelo rústico y cuya infracción ha prescrito. La suspensión cautelar, hasta que se modifique la ley del suelo, no afectará a las solicitudes de legalización que han iniciado su tramitación.

Hasta el pasado 5 de junio, cuando se cumplió el primer año de aplicación de esta media extraordinaria, los ayuntamientos de la isla habían recibido medio millar de solicitudes para acogerse a ella. En el primer año, se tenía que pagar el 15% del coste del proyecto de la vivienda, cantidad que en el segundo año ascendía a un 20% y en el tercero y definitivo al 25%.

Hasta ahora, Sant Josep ha tramitado unas 200 solicitudes, mientras que Santa Eulària unas 160 (con unos ingresos previstos de 1,6 millones de euros). Los dos municipios, además del de Sant Joan, reconocen que en los últimos meses, ante el anuncio de la posible eliminación de la amnistía, se ha producido un incremento de solicitudes. En muchos casos, según apunta un portavoz de Santa Eulària, las personas o sociedades que piden la legalización de las construcciones no son los infractores sino sus herederos o compradores posteriores que no tenían conocimiento de la situación de irregularidad.

Eliminados los asentamientos rurales y límite a ampliaciones
Otra de las novedades del decreto es la eliminación de los asentamientos en medio rural, figura introducida por el PP en la ley del suelo para legalizar viviendas en suelo rústico que se encuentran fuera de ordenación y no cuentan con los servicios básicos. El PP de Sant Josep y Sant Antoni proyectaba utilizar esta figura para legalizar asentamientos dispersos y prever su posible crecimiento.

El decreto deja en suspenso la posibilidad de ampliar las viviendas por encima del porcentaje de ocupación previsto en la ley del suelo rústico (hasta un máximo de 450 metros cuadrados). De nuevo, la superficie máxima construible en rústico no puede superar el 4% en las Pitiusas. La edificación y el resto de elementos constructivos solo podrán ocupar el 5% de la parcela en Ibiza y Formentera.

A. F. F. | IBIZA El grupo municipal del PP apuesta por que «no se podrá seguir adelante con las Normas Subsidiarias (NNSS)» aunque admite que la situación «no estará clara» hasta que los técnicos del Govern no les den explicaciones más detalladas, según el portavoz de los conservadores, el concejal Marcos Serra. También coincide con el equipo de gobierno en que sin los AMR «se echa por tierra» el documento en el que se ha trabajado durante meses. Serra recordó que en su partido no ven «con buenos ojos» la moratoria del Govern y critica la premura con que se aprobó, porque se ha tenido que enmendar ya en dos ocasiones.

Juanjo Ferrer también destaca las dudas que tiene el equipo redactor en cuestiones como la suspensión de licencias en ANEI o en las Áreas Rurales de Interés Paisajístico (ARIP), por casos concretos que les han planteado y para los que no tienen «una respuesta clara» porque están «en la frontera» de lo que se ve afectado por la moratoria «y lo que permite hacer».