Pablo Valdés, de Reinicia, Josep Tur, del grupo del PSOE, y Juanjo Ferrer, del PI, ayer, en el pleno. J. A. RIERA

E. RODRÍGUEZ | SANT ANTONI El equipo de gobierno tripartito de Sant Antoni puso de manifiesto ayer en el pleno sus diferencias de criterio sobre la tramitación del nuevo decreto urbanístico (la moratoria) del Govern. Así, el PP logró aprobar una propuesta, con el apoyo de los tres concejales del PI y la abstención de los cuatro de Reinicia, para instar al Parlament balear a que tramite el decreto como un proyecto de ley al objeto de que los demás grupos de la Cámara balear puedan «intentar mejorar su contenido». También se acordó instar al Govern a consensuar el decreto con todos los colectivos implicados. Los seis ediles del PSOE votaron en contra de la propuesta. Los tres grupos del gobierno acordaron votar por separado por primera vez en esta legislatura al entender que se trataba de «un asunto que excede lo municipal».

Sin entrar en el contenido del decreto urbanístico, el segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Juanjo Ferrer, del PI, justificó el apoyo de su grupo a la moción del PP «en coherencia» con lo que defiende su propio partido en el Parlament. Recalcó que el consenso no debe quedar solo en la palabra, sino que se debe practicar «con hechos», y puso como ejemplo el trabajo que se está haciendo para pactar con la oposición el nuevo planeamiento urbanístico de Sant Antoni.

El primer teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente, Pablo Valdés, de Reinicia, reconoció que tenía «sentimientos encontrados en la forma de tramitación del decreto» y subrayó que en ningún caso su grupo se podía negar a votar a favor de del consenso». Dicho esto, Valdés indicó que «sorprende el cambio del PP» y resaltó que «no es lo mismo estar en la oposición que en el gobierno». «Cuando esta forma de proceder era habitual la pasada legislatura ningún concejal del PP se echaba las manos a la cabeza», dijo, y acto seguido puso el ejemplo del decreto que aprobó el Govern para mantener el TIL después de que el Tribunal Superior de Justicia lo anulase.

Precisamente, la tercera teniente de alcalde, Aída Alcaraz, del PSOE, señaló que «llama la atención» que ahora el PP pida consenso, cuando la pasada legislatura «se lo negó a la sociedad balear». Justificó que el decreto se ha aprobado con el apoyo de tres grupos de la cámara balear, lo cual es «bastante representativo», dijo.

Limitación horaria de la venta de alcohol en establecimientos. Por otro lado, el pleno aprobó por unanimidad una propuesta, impulsada por el PP y pactada con el equipo de gobierno tras introducir algunos cambios, por la que el Ayuntamiento se compromete a «continuar los trámites para prohibir mediante ordenanzas municipales la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales en un horario determinado» y a regular también el régimen de inspecciones y sanciones. Lo mismo se hará con «la venta ambulante no sedentaria».

Problema de los botellones. El PP preguntó al equipo de gobierno por las medidas que se piensan adoptar para atajar el problema de los «macrobotellones» que se organizan cada fin de semana en el núcleo urbano y que acaban en «peleas y comas etílicos». La concejala de Gobernación, Aída Alcaraz, destacó que no se trata de un problema nuevo y echó mano de la hemeroteca para recordar algunos de los artículos publicados en prensa en los últimos años sobre esta práctica entre los jóvenes. «El equipo de gobierno anterior no consiguió nada. Y yo lo estoy padeciendo por la dimensión del problema, que es histórico», resaltó, para acto seguido explicar que las medidas para ponerle remedio pasan por «colaborar con la Guardia Civil enevitar las concentraciones y, una vez controlado, hacer cumplir las ordenanzas y multar a los que beban en la vía pública».

A vueltas con la polémica de la directora técnica de seguridad. El pleno aprobó con el voto en contra del PP la ficha de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) concerniente al nuevo y polémico puesto de directora técnica de seguridad. La concejal del PP Lidia Prats recordó que esta contratación se hizo de forma «ilegal» y que así siguió hasta formalizarse el trámite de ayer. «Este debería haber sido el primero de todos», dijo Prats, que insistió en que este cargo, con un sueldo anual de casi 60.000 euros, es «muy caro e innecesario». También dijo que «usurpa» las competencias del jefe de la Policía Local.

La edil de Gobernación respondió que este cargo tiene la función de asesoramiento y que en ningún caso usurpa las competencias del jefe de la Policía, al tiempo que negó, en contra de lo «insinuado» por el PP, que su contratación vaya a forzar el recorte del salario de otros funcionarios. Alcaraz admitió que la aprobación de la ficha de la RPT debería haber sido previa a la contratación del nuevo cargo de confianza, pero citó diversos casos en los que el PP actuó igual anteriormente. Por ejemplo la ficha de inspector jefe de Policía, nombrado en 2010, no se aprobó hasta el pasado mes de noviembre.

Construcción en ANEI autorizada por el Consell de GxF. D.I.

REDACCIÓN | IBIZA ­El PP de Formentera se sumó ayer a las críticas efectuadas por este partido desde Ibiza contra la moratoria urbanística del Govern y arremetió contra Gent per Formentera (GxF) por su «nulo interés por consensuar de forma real cualquier tema de trascendencia para la isla».

«Según su programa electoral, GxF prometió un pacto por el territorio y llevar estos temas al Consell d´Entitats para impulsar un acuerdo social y político, algo que ni por asomo se ha producido con el ´decretazo´ de inedificabilidad de los suelos ANEI aprobado el pasado martes por el Govern con el consentimiento de GxF», afirmó este partido.

El Partido Popular considera que GxF «rectifica continuamente sus políticas, con el consiguiente gasto para las arcas públicas y el tiempo perdido que ello supone», ya que en el Plan Territorial de Formentera los progresistas que gobiernan el Consell «permitieron seguir construyendo en terrenos ANEI».

«Estas decisiones causan grandes problemas de inseguridad jurídica a los propietarios de terrenos, que ya no saben a qué atenerse con las decisiones de GxF», añade el comunicado del PP.

Por su parte, Esquerra Unida (EU) de Ibiza consideró que el decreto del Govern «es positivo», pero consideró que «se ha de complementar con actuaciones por parte de los consells insulares, especialmente el de Ibiza». EU afirma que la moratoria deja en manos de las instituciones locales «la decisión de lo que se puede hacer en determinadas categorías de suelo rústico», como es el caso de las Áreas de Prevención de Riesgos.

«Hay una gran cantidad de zonas que por tratarse de masas forestales consolidadas, por el peligro de incendio, pendientes del terreno, por ser zonas inundables o por los riesgos de erosión o de contaminación de acuíferos, deberían ser también inedificables. Todo esto le corresponde desarrollarlo al Consell Insular», añade Esquerra Unida, partido al que pertenece el conseller insular de Medio Ambiente, Miguel Vericad.

«El equipo de gobierno del Consell tiene el compromiso electoral y la obligación política de iniciar las tareas para su revisión», afirma EU sobre el Plan Territorial Insular (PTI).

Dirigentes el PP ibicenco, con su presidente José Vicente Marí Bosó a la cabeza. VICENT MARÍ

• Fotos de la noticia

• El Govern blinda Benirràs, Roca Llisa y Punta Pedrera y fulmina la amnistía

J. LL. F. | IBIZA Los principales dirigentes el PP ibicenco, con su presidente José Vicente Marí Bosó a la cabeza, han manifestado esta mañana en rueda de prensa su total y absoluta oposición a la moratoria urbanística decretada por el Govern para preservar de la edificación determinados parajes de la isla. "El Govern, con el aplauso entusiasta del presidente del Consell, paraliza el crecimiento económico, la senda de bienestar y la creación de puestos de trabajo, y además sin ninguna causa urgente que lo motive", ha afirmado Marí Bosó.

El PP interpreta que el decreto del Govern "afecta a toda la actividad económica de la isla", que quedará "herida de muerte", llegó a decir Marí Bosó. En la rueda de prensa, donde también se ha criticado que se prevea la prohibición de edificar en zonas de riesgo de inundación, incendio forestal o de desprendimientos, han participado dos concejales del Ayuntamiento de Santa Eulària (Mariano Juan Colomar, de Urbanismo, y Carmen Ferrer, de Turismo), además del exconseller de Urbanismo, Mariano Juan Guasch.

El Partido Popular ha criticado todos y cada uno de los aspectos del decreto destinado a neutralizar los artículos que generaron más polémica durante el anterior Govern, pero han centrado sus comentarios en la anulación de la amnistía urbanística para legalizar casas edificadas al margen de la ley. Según han dicho, esta decisión aboca dichas viviendas a continuar "en la ilegalidad permanente" sin posibilidad de obtener permisos para reformas básicas o reparaciones.

Carmen Ferrer, por su parte, ha asegurado que con esta norma "se para en seco" la evolución turística de la isla.

Gabriel Company, en su época de conseller. Manu Mielniezuk

M. FERRER/REDACCIÓN PALMA/IBIZA ­La amnistía en suelo rústico que aprobó en marzo de 2014 el Govern del Partido Popular gracias a su mayoría ha provocado hasta ahora un total de 622 solicitudes para legalizar viviendas sólo en Ibiza. Se registraron 158 peticiones en 2014, 461 el año pasado y sólo tres este año en la isla.

Tras la publicación ayer en el BOIB del nuevo decreto ley de medidas urgentes en materia urbanística aprobado por el nuevo Govern del Pacto, se da carpetazo a esta moratoria.

Durante el periodo que ha estado vigente se han acogido a esta regularización extraordinaria 2.112 edificaciones ilegales en el conjunto de la Comunitat, según los datos oficiales del Ejecutivo. En el año 2014 fueron 452, de las cuales 270 correspondieron a Mallorca. En 2015 las peticiones fueron 1.647, la gran mayoría de las cuales (1.015) en la isla.

Hay una notable disparidad por meses; así, en enero solo 64 infractores urbanísticos pidieron legalizar sus edificaciones en el campo, cifra que subió a las 147 en abril y ya se disparó en mayo (235), coincidiendo con las elecciones autonómicas. La tendencia al alza continuó en junio (216) y alcanzó su cénit en julio (340), durante las negociaciones entre PSOE, Més y Podemos para configurar el nuevo gobierno de socialistas y ecosoberanistas que desalojó a Bauzá del Consolat.

Críticas de Company
Ayer, el promotor de la amnistía, el exconseller del PP Biel Company, censuró su retirada por parte del Pacto. Defendió que gracias a su medida, los ayuntamientos han obtenido ingresos por valor «de más de 33 millones de euros» y criticó a PSOE, Més y Podemos por no dar una solución al «problema» de las construcciones ilegales en las islas cuyo delito ya ha prescrito.

Además, Company mostró su indignación por el primer decreto ley del Govern Armengol, que cortocircuita toda la vertiente urbanística de la ley Agraria. En un duro ataque a su sucesor, el político del PP acusó al conseller Vicenç Vidal de tener un solo «objetivo, que no haya payeses en esta Comunidad Autónoma en una serie de años». Company llegó a comparar a Vidal con «una moneia [una mona] con pistola», que desconoce por completo la realidad del sector primario en las islas y solo persigue acabar con él. El retorno al statu quo urbanístico anterior a la era Bauzá supone «un fuerte golpe de nuca a la payesía», subrayó Company.

De izquierda a derecha, Pepa Marí, Vicent Torres, Joan Boned y Luis Corral, ayer en el Consell. juan a. riera

J. LL. FERRER / J. L. M. R. | IBIZA La moratoria aprobada por el Govern para suspender los cambios legislativos que introdujo entre 2011 y 2015 el anterior Govern del PP terminará con la sensación de «barra libre» que se implantó entonces y servirá para «recupera el valor real que tiene nuestro territorio, evitando que se especule con él».

Así lo afirmó ayer en Ibiza el conseller de Territorio y Movilidad, Joan Boned, quien dijo que para lograr los objetivos de competitividad económica y desestacionalización «no todo vale ni se puede pasar por encima de cualquier cosa», como pretendía el PP, según dijo. «Se han de respetar las leyes y las normas, que han de servir para ordenar las cosas, no para enredarlo todo, como hicieron ellos», añadió en una rueda de prensa junto con el presidente del Consell, Vicent Torres, la consellera insular Pepa Marí, y el director general de Territorio del Govern, Luis Corral.

Joan Boned recordó que todos los proyectos y solicitudes de licencia que estaban tramitándose ya antes de la entrada en vigor del decreto –que se produce hoy– seguirán su curso y se resolverán de acuerdo a las leyes anteriores. No habrá, por tanto, efecto retroactivo en la legalización de viviendas sin licencia en el campo. Dicha amnistía se aplicará solo a los expedientes que entren en los ayuntamientos a partir de hoy.

En cambio, en el caso de las solicitudes de licencia en Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI), sí se aplica una retroactividad de tres meses, lo que provocará que un total de ocho proyectos en estos

espacios protegidos dejen de tramitarse en la isla de Ibiza, informaron los responsables políticos del Consell.

La legalización de Asentamientos en Medio Rural (AMR), es decir, urbanizaciones surgidas de forma ilegal, queda también suspendida, puesto que las leyes del PP permitían que, para legalizarlas, acabaran teniendo el doble de superficie.

«Absolutamente permisivas»
También señaló Boned que «el decreto no legisla, solo suspende temporalmente», puesto que a partir de ahora se abre un proceso de «participación y transparencia» para decidir cómo quedan redactados los artículos suspendidos.

El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Agustinet, se congratuló por la moratoria: «A grandes rasgos, me parece bien. Creo que lo de prohibir construir en ANEI era un clamor bastante claro por parte de mucha gente». Al anular las reformas que hizo el PP en la Ley de Turismo y la Ley Agraria, «se vuelve a la normalidad y a la sensatez que había antes». Según dijo, esas leyes «eran absolutamente permisivas».
Marí Ribas recordó que, en cualquier caso, «gran parte de las ANEI ya eran edificables ahora».

Los ecologistas del GEN proclamaron también, a través de su presidente, Joan Carles Palerm, su satisfacción por la moratoria. «Hay avances en la línea que pedíamos». Tras recordar que se recogieron miles de firmas en Ibiza para tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para neutralizar muchas de las normas ahora suspendidas, el GEN insistió en que permitir casas en ANEI supone también un riesgo para sus habitantes en caso de incendios forestales.

JOAN LLUÍS FERRER | IBIZA Los teléfonos no dieron tregua durante el día de ayer entre los socios que apoyan al Govern balear para tratar de perfilar el decreto que establecerá una suspensión cautelar de los artículos más polémicos de la Ley del Suelo, la Ley Turística y otras tres o cuatro normativas más elaboradas durante la etapa de José Ramón Bauzá y que recibieron críticas desde numerosos sectores.

La conselleria que dirige el ibicenco Joan Boned ha elaborado un texto inicial que no ha gustado a Més y Podemos, y mucho menos a los ecologistas del GEN de Ibiza y del GOB de Mallorca, que han denunciado que determinados artículos y disposiciones prácticamente anulan el conjunto del texto.

El texto de la conselleria de Territorio permite que se ´salven´ algunos suelos urbanos especialmente polémicos en la isla de Ibiza. Al parecer, eso es posible gracias a un artículo concebido con la idea de avalar unos suelos urbanos de un municipio de Mallorca, pero indirectamente provocarían también el mantenimiento de ciertas áreas urbanas de Ibiza que la izquierda siempre ha combatido.

Tres conselleries
Según informaron a este diario fuentes que participan en las negociaciones, este era uno de los principales escollos que durante el día de ayer estuvieron intentando salvar el conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal; el de Turismo, Biel Barceló, y el de Territorio, Joan Boned.

Otro de los frentes abiertos es la posibilidad de permitir la ampliación de establecimientos hoteleros, como permite la normativa aprobada por José Ramón Bauzá. Podemos y Més consideran especialmente tímida la moratoria que el PSOE propone para la Ley Turística de Bauzá. Sí parece haber unanimidad sobre la necesidad de terminar con la posibilidad de aumentar el número de plantas de los hoteles que también aprobó el Govern del PP.

Última reunión el viernes
Dado que en la reunión que mantuvieron representantes de los tres partidos anteayer no alumbró un acuerdo definitivo, está previsto que vuelvan a reunirse el viernes, al objeto de aprobar la moratoria tan pronto como sea posible para evitar el ´efecto llamada´ o movimientos especulativos.

De hecho, el conseller Joan Boned anunció que el decreto se aprobaría durante el pasado mes de diciembre –tras haberlo anunciado para el mes anterior–, pero esas promesas no se cumplieron. No se descarta convocar un Consell de Govern extraordinario para aprobar la moratoria en cuanto se tenga lista.

En cuanto a la ecotasa, su articulado se encuentra ya terminado y listo para su aprobación por el Ejecutivo balear, lo cual, según fuentes de la conselleria de Turismo citadas ayer por la prensa mallorquina, podría tener lugar este mismo viernes o, a más tardar, el próximo.

La intención del Govern es que la ecotasa empiece a cobrarse a partir de este mes de mayo, coincidiendo con el inicio de la temporada.